Recientemente se conoció que la Secretaría General del Tribunal Constitucional, en respuesta a un requerimiento, informó al Ministerio Público que: “se concluye que no se encuentra sentencia, declaración o auto constitucional por el cual se hubiese emitido pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la sucesión presidencial de la entonces senadora ciudadana Jeanine Áñez Chávez.”

Para empezar, los empleados del TCP ignoran que su Declaración Constitucional 0001/2020 del 15 de enero de 2020 (DC), al avalar la “Ley Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional” (llevada en consulta por el propio MASismo), avaló la constitucionalidad de la sucesión de la ex Presidenta Áñez. Caso contrario, los magistrados del TCP se hubieran opuesto aquella vez manifestándolo expresamente en la misma DC.

En su estudio de constitucionalidad previo respecto al mecanismo de sucesión presidencial ejecutado por Áñez, el TCP expresamente declaró: “(‘) el art. 169 de la CPE, pone en evidencia que el constituyente HA ESTABLECIDO UN MECANISMO DESTINADO A GARANTIZAR QUE INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRESENTEN, EXISTIRÁ UNA FIGURA PRESIDENCIAL. (‘)”. Como se advierte, el TCP usó el criterio de interpretación preferente relativo a la voluntad del constituyente (Art. 196.II CPE ccte. Art. 2.I Ley 254) para “blindar” jurídicamente la sucesión presidencial operada en noviembre de 2019.

Tal DC 0001/2020, les recordamos, amén de efectuar su estudio sobre la prórroga de mandatos, también consideró la nulidad de las elecciones fraudulentas del 20.10.19 y el nuevo proceso electoral “hasta la posesión de las nuevas autoridades a ser electas” (sic). Reconociendo, a su vez, la validez de la Ley 1266 del “Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales” -tratada por la Bancada del MAS y promulgada por Áñez- gracias a la cual Luis Arce es hoy accidental empleado público. 

Por otro lado, también se les debe recordar que existe un Voto Aclaratorio del 15 de enero de 2020 (VA) efectuado a la DC 0001/2020. Que, de acuerdo al Art. 10.III de la Ley 254 Procesal Constitucional de 2012, es una variedad de Resolución (disímil del “voto disidente”) que está autorizado a emitir el TCP, debidamente fundamentado.

En tal VA los magistrados Franco Zamora (Presidente TCP), Espada Navía, Hurtado Zamorano y Cornejo Gallardo le dedicaron el acápite “II.2.1.” a la “Sucesión constitucional en Bolivia para la presidencia del Estado: inexistencia de vacío normativo y de poder en el sistema constitucional boliviano”. Mismo en el cual los suscritos concluyeron que, para empezar, NO había vacío jurídico alguno para que operase la sucesión presidencial por causal de “ausencia”, y que tampoco era necesaria una Ley para “‘prorrogar de manera Excepcional’ el mandato de la presidencia del Estado o de las autoridades del Órgano Ejecutivo” (sic). Afirmando que “(‘) si bien EL EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA BAJO LA FIGURA DE LA SUCESIÓN CONSTITUCIONAL contemplada en el art. 169 de la CPE, se encuentra garantizada hasta la posesión de nuevas autoridades electas, CORRESPONDE PRECISAR QUE LA PERMANENCIA EN EL EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA BAJO DICHO INSTITUTO CONSTITUCIONAL, no puede darse de manera indefinida (‘).”

Con lo que queda sobradamente probado que los magistrados aclarantes del TCP consideraron que la sucesión de Áñez fue constitucional. Tan así que explicitaron que ni siquiera era necesaria una Ley de prórroga del mandato, porque estaba ejerciendo constitucionalmente por sucesión en virtud al Art. 169 CPE, hasta la posesión de nuevas autoridades electas. 

Ergo, se tiene que la DC 0001/2020, su VA y la Ley 1270 de 2020 (sobre que versaba el estudio de constitucionalidad previo), categóricamente convalidaron la constitucionalidad de la sucesión de Áñez; dejando un precedente para lo venidero. Y frente a esta verdad jurídica, la información que brindó Secretaría General del TCP se evidenciaría como perjurio por el que deberán responder