Policías procesados por el  caso “motín”  de noviembre de 2019 exigieron  que también se dé con los responsables de las muertes de los dos uniformados fallecidos producto de los actos violentos cometidos por grupos que defendían al MAS  y al gobierno de Evo Morales. Acusaron a la Fiscalía de parcializarse con el Ministerio de Gobierno, al no realizar la investigación de todos los hechos de aquel año.

“En Santa Cruz hay seis policías procesados por el supuesto motín, dos coroneles, dos suboficiales y dos clases. Los fiscales policiales no sólo han vulnerado el procedimiento, sino que no reciben nuestras pruebas de descargo, es  una persecución política (…) Pero de nuestros camaradas muertos nadie dice nada. Los comandantes se pasean de la mano del ministro de Gobierno, pero qué van a molestar a su ministro con justicia por el asesinato de los policías a manos de la gente de su partido, esconden la cara”, fue el reclamo airado de un representante policial, que pidió no se revele su nombre para evitar  represalias.

El 10 de noviembre de 2019, el coronel Heybert Yamil Antelo (45), jefe de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) de La Paz, sufrió un accidente cuando  dirigía a un grupo de uniformados por la autopista que une La Paz con El Alto, momentos en que una turba violenta afín al MAS se movilizó haciendo saqueos y lanzando dinamita.

Antelo falleció dos días después, miembros del Estado Mayor de 2019 denunciaron que el entonces comandante general de la Policía  Yuri Calderón  “ocultó” el hecho y no gestionó la salida del uniformado a Brasil, donde pudieron salvarle la vida.

El 11 de noviembre, el sargento  Juan José Alcón  fue víctima de una brutal golpiza por parte de los manifestantes que pedían el retorno de Morales a la presidencia.

 Sometido de rodillas, lo obligaron a declararse “traidor y pedir perdón” por el motín. Ese mismo día, los grupos violentos quemaron el Comando Regional de la Policía de El Alto y saquearon los víveres destinados a las familias de los policías. Allí trabajaba Alcón. El acto fue repudiado por vecinos de El Alto.

El sargento falleció siete días después en el Hospital Obrero  debido a las múltiples fracturas y varias lesiones que sufrió. Tampoco se esclareció el caso. 

El viceministro de Descolonización, Pelagio Condori, en enero de este año  presentó denuncias individuales contra 26 policías en la Fiscalía General de la Policía, de esa cifra, los procesos se ampliaron a otros seis y suman 32 los efectivos que serán llevados a juicios disciplinarios en  diferentes departamentos.

De ser declarados culpables, además de la baja definitiva de la institución del orden, los expedientes de los efectivos podrían ser remitidos a la Fiscalía y en la justicia ordinaria -con nuevo proceso- se buscaría su condena en prisión. Condori declaró que los uniformados serán procesados por arrancar de sus insignias, cortar y quemar la wiphala.

Sin embargo, según la revisión que hizo Página Siete  al texto de varias demandas disciplinarias, ninguna guarda  relación cronológica de los supuestos hechos, ni hace énfasis en la quema de la wiphala. Condori apuntó a los uniformados, sin precisar el lugar o la fecha en las que promovieron la supuesta “insurrección” o “levantamiento” armado, en complicidad con excívicos como Luis Fernando Camacho y Marco Pumari.

Con excepción de algunos casos, en las denuncias el viceministro tampoco citó frases textuales, ni presentó audios o videos de los supuestos discursos en los que los uniformados supuestamente incurrieron  en  insubordinación.

“No tengo miedo a los procesos ilegales, injustos. Tampoco le tengo miedo al viceministro Pelagio Condori, porque posteriormente él va a tener que afrontar un proceso penal por el daño que está causado a toda la institución”, declaró en julio el capitán José Vargas, uno de los policías procesados en Cochabamba. “Son pruebas montadas, no nos permiten presentar perito”, denunció el uniformado.
 

Viceministro Cox

• Grandi El 8 de  noviembre de 2019, los policías de Cochabamba iniciaron el repliegue policial en rechazo a las órdenes del coronel Raúl Grandi, quien pedía proteger a grupos del MAS y reprimir a los ciudadanos que salieron a las calles denunciando el fraude electoral. La protesta policial  se extendió a los nueve departamentos.  
• Sin responsables El excandidato a la Alcaldía de Cochabamba por el MAS, y actual viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, deslindó responsabilidad a las alcaldías, para la reconstrucción de los módulos policiales quemados por afines al MAS en Sacaba y El Alto en 2019. Sobre la investigación por la  muerte de los policías, dijo que esa es una pregunta que tendría que ser atendida por la Fiscalía.