Medio: Diario Andaluz
Fecha de la publicación: miércoles 04 de agosto de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
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“No somos colonia ni del Vaticano, ni de la Unión Europea” y
quienes asistieron a la cita en la Universidad Católica Boliviana (UCB) para
tratar la sucesión, tras la renuncia de Evo Morales, tuvieron una
“participación delincuencial, pues se estaban atribuyendo el derecho del
pueblo”, aseguró el procurador del Estado, Wilfredo Chávez.
Chávez compareció este martes en la Comisión de Gobierno de
Diputados e hizo un recuento de todo lo ocurrido en la crisis de noviembre de
2019. Dijo que la Iglesia Católica no tenía ninguna atribución para convocar a
reuniones políticas, junto a la Unión Europea, más aún, sostuvo, cuando Bolivia
es un país laico y sin ningún tipo de tutela.
A esa convocatoria acudieron actores políticos como el
expresidente Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina, el exdefensor del Pueblo Waldo
Albarracín, Ricardo Paz y Jerjes Justiniano. Se empezaron a reunir el 10 de
noviembre, poco después de la dimisión de Morales, y viabilizaron que la
senadora Jeanine Áñez tome el poder.
“Tenemos que indicar que la participación de estos actores,
al margen de ser una participación contraria a la Constitución, es una
participación ilegal, es una participación delincuencial, pues se estaban
atribuyendo los derechos del pueblo, eso es un delito”, cuestionó Chávez.
También asistieron a esa cita la expresidenta del Senado
Adriana Salvatierra, la exdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras
Teresa Morales y la exdiputada Susana Rivero.
Áñez tomó el poder el 12 de noviembre, luego de haberse
declarado presidenta del Senado en una sesión sin quórum y sin corresponderle
ese cargo que debe recaer, según el Reglamento de Debates, en un legislador de
la mayoría, según se denunció.
Justamente la Procuraduría activó una ampliación de la
denuncia del caso golpe de Estado y este martes la Justicia ordenó que Áñez
guarde detención por seis meses. Está recluida desde marzo por el caso golpe de
Estado, acusada de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo.
En ese noviembre de 2019, las denuncias de fraude electoral
alentaban las protestas cívicas que se agravaron con un informe de la
Organización de Estados Americanos (OEA) que denunció irregularidades en las
justas de octubre. Se vino un motín policial y la “sugerencia” militar a
Morales de renunciar.
Chávez aseguró que la OEA hasta el momento solo entregó un
informe de la auditoría y no propiamente la auditoría que debía realizar al
proceso eleccionario anulado.
“La democracia ha sido quebrantada en noviembre de 2019 y la
Procuraduría tiene y tenía que intervenir en este proceso y lo va a seguir
haciendo, nosotros tenemos ese mandato constitucional al que no vamos a
renunciar”, aseguró.



