El caso fraude cerró así, sin más, aunque detrás estaba claro el partido que desde hace casi dos años se dedica a propagar a los cuatro vientos una historia fantasiosa sobre la supuesta existencia de un golpe de Estado y un grupo de dos alumnos y un profesor de alguna universidad europea que analizaron la data electoral y concluyeron, más rápido que deprisa que no hubo nada irregular.

No hay nada que pruebe el golpe, absolutamente nada, pero hay sobrados argumentos, investigaciones e informes de respetables organismos internacionales que comprobaron de manera irrefutable el fraude electoral, tras una evaluación minuciosa del manejo informático durante todo el proceso de recuento del voto.

Tres ilustres desconocidos, pero aliados, pesan más que la Organización de Estados Americanos (OEA), que desde hace muchos años y con el consenso de todos los países de la región, se encarga de observar comicios precisamente para dar fe de la transparencia o, como ocurrió en Bolivia, mostrar que hubo juego sucio para beneficiar a uno de los candidatos.

Pero estamos en el país de los guiones que se escriben todos los días para, mal o bien, re-crear una realidad que se acomode a los intereses del partido de gobierno y de su líder. Si es necesaria la bendición de algún sacerdote, ahí lo tienen de vez en cuando a Toribio Ticona, el Cardenal que parece no representar a nadie en la Iglesia católica boliviana, pero que siempre tiene a mano el agua bendita de la salvación para algunos pecadores y también al Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, para golpear el martillo sobre la mesa de la ignominia y declarar, porque sí, que el fraude fue un invento y que los responsables de robar el voto a los bolivianos en octubre de 2019 no tienen la culpa de nada.

Es más, ahora son ellos los que quieren procesar a quienes los acusaron y piden resarcimiento por el daño profesional que les provocaron y hasta amenazan con un masivo ajuste de cuentas contra quienes tuvieron el atrevimiento de decir que lo que hubo en Bolivia en 2019 fue un fraude “descomunal”.

Sobre el borde de la hoja de esta “historia”, incrédulos y a punto de caer interminablemente en la nada, los bolivianos se preguntan: ¿Qué pasó aquí en octubre-noviembre de 2019? ¿Es que acaso todo lo que vi fue el invento de una mente perversa?, ¿me inyectaron algo, un chip tal vez –como el de la vacuna– para que desde mis propios ojos se proyecte la realidad virtual de un país convulso? ¿Y todos esos buses quemados, el asedio de grupos organizados sobre la población desprotegida, el pandillerismo político solo fue resultado de mi imaginación? ¿Y la renuncia del presidente, transmitida en vivo, fue en realidad solo la película de un Marvel de la derecha local?

Suenan desquiciados todos estos argumentos, pero figuran en el trasfondo de la argumentación que sostiene la teoría del golpe y que ha servido como el detonante de un sinnúmero de abusos en contra de muchas personas.

La cantidad de detenidos crece todos los días: un día son militares, al siguiente, exautoridades, al otro, jóvenes que después de ser torturados son enviados a prisión sin ninguna base jurídica y la lista puede seguir creciendo, como los nombres en el reparto final de una película trágica.

La verdad está en juego en Bolivia y eso es muy grave, porque si termina por imponerse la imaginación febril, el disparate creado por unos cuantos –bella palabra y precisa para describir este extremo–, entonces puede ocurrir que quedemos atrapados en una fábula, una suerte de laberinto de espejos donde no sabremos distinguir la realidad de la ficción.

Y ojo que cuando la verdad se convierte en delito, los abusos pueden multiplicarse en todos los ámbitos. Quien sugiera que el Gobierno no lo está haciendo bien con la vacunación queda expuesto a algún tipo de represalia, lo mismo que el que insinúe que no hay tal despegue de la economía y que, más bien, las cosas podrían agravarse en el corto plazo.

La historia no es como es, sino como ellos la pintan y el que dibuje otra cosa se atiene a las consecuencias. El vocabulario que se utiliza desde el poder se nutre de palabras siniestras. La idea es hacer sentir que nadie está a salvo, intimidar, penalizar la crítica, sancionar la disidencia interna y externa, porque también hay que crear miedo entre los “cercanos”, hacerles sentir que están en la mira, que se escuchan sus conversaciones, que no son dueños ni siquiera de su intimidad.

La descripción no es excesiva, aunque parezca, porque bajo la máscara democrática, con voto quinquenal y demás parafernalia, está el perfil autoritario. Se dice que hay muchas órdenes de aprensión firmadas y con el espacio del nombre del acusado en blanco. Eso no es problema: ya se creará el delito y se identificará al culpable.

Lo terrible de un Estado policíaco como el que se va gestando en Bolivia es que los ciudadanos están bajo sospecha. Si cometieron un delito los que en octubre y noviembre de 2019 salieron a denunciar el fraude, son muy pocos los que están a salvo del largo e interesado brazo de una justicia obsecuente.

La procesión de los detenidos, expuestos y humillados, lleva implícita un mensaje: que pase el siguiente. En esas condiciones y si no hay la reacción que corresponde a una situación tan crítica, puede que sea muy tarde, tan tarde como en Cuba, Venezuela o Nicaragua, y que de la farsa pasemos sin casi darnos cuenta a la tragedia.