Medio: ANF
Fecha de la publicación: miércoles 04 de agosto de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Judicial
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En calidad de “víctimas”, la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) presentará este miércoles, a la comisión de fiscales en el distrito de La Paz, una objeción contra el cierre del caso “fraude electoral”, porque se incorporó un informe sin ningún criterio jurídico ni valor legal para decidir sobre el sobreseimiento.
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En el memorial exigen a la comisión de fiscales revocar la decisión de sobreseimiento del caso “fraude”.
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La Paz, 4 de agosto (ANF). – En calidad de “víctimas”, la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) presentará este miércoles, a la comisión de fiscales en el distrito de La Paz, una objeción contra el cierre del caso “fraude electoral”, porque se incorporó un informe sin ningún criterio jurídico ni valor legal para decidir sobre el sobreseimiento.
“Estamos presentando esta objeción a este sobreseimiento en calidad de víctimas del fraude electoral, cuando éramos candidatos en las elecciones del año 2019 y sobre esa base esperamos y exigimos a la fiscalía departamental del distrito de La Paz de que revoque esa decisión de sobreseimiento”, explicó el jefe de bancada de CC en la Cámara de Diputados, Carlos Alarcón.
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, dio por cerrado el caso “fraude” tras conocer una pericia técnica elaborada por un grupo de investigación de la Universidad de Salamanca, España, –contratado por la misma Fiscalía–, que indica que no hubo manipulación de datos para favorecer a un candidato. La situación alertó a diferentes sectores cívicos y opositores, por esa razón convocaron este jueves a una marcha de protesta.
El memorial de objeción fue elaborado por la expresidenta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y actual senadora de CC, Silvia Salame, quien no estuvo presente en la conferencia de prensa.
Alarcón argumentó que la presentación de la objeción al sobreseimiento es un primer paso de una estrategia y en caso que no prospere presentarán una acción judicial por “denegación de justicia”. Explicó que con esas dos acciones estarían agotando la vía interna en la justicia del país y por último sería esperar el pronunciamiento del TCP.
Añadió que en caso de que ninguna de las dos acciones funcione en el país tendrían las puertas abiertas para llevar la queja ante instancias internacionales de derechos humanos como a la CIDH de la Organización de Estados Americanos (OEA).
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