El gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) lleva adelante por lo menos cinco estrategias para imponer su teoría del presunto golpe de Estado y promover procesos contra la expresidenta transitoria Jeanine Áñez. El partido azul maneja tres fundamentos: el entonces presidente Evo Morales fue obligado a renunciar por militares, policías y grupos civiles; que no hubo fraude, y que se transgredieron las normas para que asuma la presidencia del Senado y posteriormente del Estado.

En lo que va del periodo gubernamental del presidente Luis Arce, el Ejecutivo teniendo como brazos operativos a la Fiscalía General del Estado (FGE), el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la Procuraduría General del Estado (PGE), el Senado Nacional, entre otros, promueven una serie de acciones para desvirtuar el fraude electoral denunciado, las irregularidades dadas a conocer por la Organización de Estados Americanos (OEA).

La última acción es la desarrollada por el Ministerio Público, que recurrió a una pericia del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite, de la Fundación de la Universidad de Salamanca de España, para requerir que el caso fraude electoral sea sobreseído y dejar de lado la auditoría realizada al proceso electoral por la OEA, a solicitud del Gobierno del MAS en 2019.

El TCP, ante la nueva administración, instrumentaliza un comunicado que emitió durante la crisis de noviembre, para proceder con la sucesión constitucional, que menciona ahora que no emitió sentencia o resolución al respecto, aspecto que es promovido desde hace meses por el ministro de Justicia, Iván Lima .

En marzo, Lima ya anunciaba: “Nunca existió una sentencia, una declaración o una resolución; hubo un comunicado y lo que dijo Petronilo Flores, en su condición de presidente (del TCP), es que el comunicado no era un acto de reconocimiento a la legalidad y constitucionalidad de la señora Jeanine Áñez, ese comunicado no tiene firmas, además tiene la objeción de una magistrada (Georgina) Amusquivar, y no tiene el acuerdo de Sala Plena”.

Constitucionalistas señalan que el TCP muestra su sometimiento al Gobierno de turno, que quiere borrar con el codo lo que escribió con la mano.

“Si se emite ese comunicado, esa declaración, como quiera verse, se emite en una crisis política de acefalía de poder dentro del Estado, por tanto, no puede ser considerado como un documento genérico, puesto que ese comunicado posibilitó que la transición constitucional prosiga y se consolide precisamente aplicando la Constitución”, señaló el constitucionalista Marco Antonio Baldivieso.

Recordó, además, que el TCP avaló la constitucionalidad del gobierno de Áñez a través de la Declaración Constitucional Plurinacional 0001/2020, que dio vía libre a la prórroga de mandato consultada por el Órgano Legislativo.

La Procuraduría envió un informe a la ONU sobre los hechos acaecidos en 2019, después de las elecciones anuladas por indicios de fraude, un documento en el que reafirma el supuesto golpe de Estado.

“Bolivia sufrió la ruptura del orden constitucional como consecuencia de un golpe de Estado perpetrado por dirigentes cívicos, policías, militares, grupos parapoliciales, quienes, ejerciendo violencia extrema, vulneraron derechos humanos de la población”, dice el documento.

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, denunció a Áñez por la vulneración de la Constitución y el Reglamento General de esta instancia legislativa para asumir como presidenta del Legislativo, para consumar el presunto golpe de Estado.

Crítica situación del Tribunal Constitucional

El partido gobernante pretende borrar todo lo acontecido en las elecciones del 20 de octubre de 2019 y las acciones posteriores para imponer su narrativa de “golpe de Estado”.

El constitucionalista y exmagistrado José Antonio Rivera lamentó que el Tribunal Constitucional se preste a la intención de validar la teoría de golpe de Estado.

“Falseando la verdad sin inmutarse, haciendo desaparecer sentencias, poniendo fechas atrasadas a la sentencias, reflejan una tremenda crisis que vivimos en la justicia constitucional boliviana”, cuestionó. Agregó que esta situación se presta para la narrativa del MAS.

“Una falsa narrativa de un supuesto golpe de Estado, que falta a la verdad, que nos ofende a los bolivianos que fuimos testigos presenciales de todo lo acontecido en noviembre de 2019. No pueden decir que no tiene valor alguno el comunicado”, sostuvo.

Recordó que la constitucionalidad del gobierno transitorio de la expresidenta Jeanine Áñez fue refrendado por la Ley 1270 que en su artículo 1 señala: “La presente Ley tiene por objeto excepcionalmente prorrogar el período de mandato constitucional de la Presidenta del Estado, Asambleístas Plurinacional y las Autoridades Electas de las Entidades Territoriales Autónomas, para restablecer la normalidad constitucional”.

Otros operadores del oficialismo

El Movimiento Al Socialismo (MAS) también apuntala desde otros frentes la teoría de golpe de Estado: las organizaciones del Pacto de Unidad; Evo Morales, actual presidente del partido azul, y sus exministros.

Pero esta teoría contrasta esta narrativa: 1) la renuncia de Morales, del 10 de noviembre de 2019, y 2) las dimisiones de quienes formaban parte de la cadena de sucesión (Álvaro García Linera, entonces vicepresidente; Adriana Salvatierra, entonces presidenta del Senado, y Rubén Medinaceli, entonces primer vicepresidente de la Cámara Alta), sucedidas ese mismo 10 de noviembre.