Es sabido por todos que en este como en otros casos, jueces y fiscales obedecen instrucciones que les llegan desde el Gobierno, a través de los ministerios de Justicia y Gobierno, por tanto quien determinó una nueva detención contra Áñez es el Gobierno de Luis Arce.

La expresidenta permanece recluida, primero en la cárcel de Obrajes y luego en la de Miraflores de La Paz, desde el 13 de marzo y sobre ella pesa una detención preventiva de seis meses en el marco del proceso que se le sigue por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración para llegar al Gobierno a través, dicen los acusadores, de un supuesto golpe de Estado. Ahora, a esa detención que debía concluir en la primera quincena de septiembre, se le agregó otra para que continúe encarcelada hasta marzo de 2022.

Los abogados de la defensa argumentan que este nuevo proceso viola el principio constitucional de que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo delito, porque entienden que las acusaciones de ambos casos derivan de un mismo hecho.

El procesamiento de la expresidenta vulnera sus derechos, como se ha denunciado, y pese a las expresiones que tuvo en marzo el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres, para que se cumpla el debido proceso, nada ha cambiado.

Ayer, como en reiteradas ocasiones anteriores, los jueces rechazaron las acciones interpuestas por la defensa de Áñez para que sea juzgada en libertad o al menos bajo detención domiciliaria, entre otras cosas, porque jamás se presentó ninguna prueba que la incrimine en los delitos de terrorismo o sedición con los que se la acusa.

Esas negaciones confirman que quienes dirigen los hilos de este proceso están empeñados en utilizar a la exmandataria como muestra de un escarmiento para opositores y todo aquel que no comparte las ideas del oficialismo. El mensaje no admite dudas: si a una expresidenta del país, que es mujer, se la encarcela de la manera como se lo está haciendo, prohibiéndole incluso visitas, entonces a cualquier otro ciudadano le puede ocurrir lo mismo sin ninguna consideración.

Una eventual detención domiciliaria no afectaría el proceso contra la expresidenta. Si hay el temor de una fuga, al Ministerio de Gobierno no le costaría nada establecer un control con efectivos de seguridad en el domicilio elegido para la detención. Si a Lidia Patty, ciudadana a la que utilizan para que firme las acusaciones contra Áñez y otros opositores, se le otorga dos efectivos que cuidan las 24 horas del día su seguridad personal, ¿por qué no se podría asignar una guardia para evitar la “fuga” de una expresidenta del Estado?

Lo de Jeanine Áñez es un verdadero drama humano que a pocos parece interesar y el Gobierno aprovecha con ella sus varias condiciones de indefensión que la hacen presa fácil del abuso y los excesos de una justicia podrida: Áñez no tiene quién la defienda, ni su región -donde perdió una elección a gobernadores-, no tiene partido, no tiene riquezas para comprar jueces y fiscales, y ni siquiera quienes fueron sus colaboradores en el Gobierno de transición salen en su defensa. Jeanine Áñez solo tiene a sus hijos que la defiendan.