Un día antes de conmemorar el 6 de agosto se detectan al menos 10 acciones del oficialismo que cercan a los actores de la transición de 2019, las cuales van desde procesos internos a policías, por el motín, hasta el “desdoblamiento” del caso denominado “golpe de Estado”. 

Desde el MAS indican que la justicia “está sentando presencia” y que la oposición durante un año no pudo probar que hubo fraude. Desde la oposición aseguran que el MAS “cierra el cerco” porque pretende lavarle la cara al expresidente Evo Morales. 

1 Precisamente, la primera acción es el “desdoblamiento” del caso “golpe” para investigar, por un lado, la presunta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, y, por el otro, la presunta comisión de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. 

Por el primer caso, la expresidenta Jeanine Añez cumple actualmente una detención preventiva de seis meses  y por el segundo caso, el 3 de agosto pasado, un juez determinó otros seis meses de detención preventiva para Añez, con lo cual se prevé que estará presa hasta 2022.   

2 La segunda acción es el anuncio del 28 de julio de la representación legal de la exdiputada Lidia Patty, demandante en el caso “golpe”, de solicitar a la Fiscalía que cite a declarar a Fernando Camacho. El excívico fue uno de los principales líderes de los  “21 días” en 2019. A ese pedido se suma la amenaza de legisladores del MAS de abrir un proceso penal en su contra, en el marco del conflicto de tierras en Santa Cruz, por supuestamente buscar “convulsionar”. 

3 La tercera acción es la emisión del requerimiento conclusivo de sobreseimiento que anunció la Fiscalía el 28 de julio, en torno al caso “fraude”. Esto luego de que el Ministerio Público difundiera la pericia que encargó al Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite” de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, que se enfocó al ámbito informático y no así a las actas y la cadena de custodia.  

4 La cuarta acción es la detención y procesamiento de líderes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC). El tema cobró actualidad luego de que el 3 de agosto Milena Soto, integrante de ese grupo, fuera aprehendida en Cochabamba y, posteriormente, trasladada a Sucre (Chuquisaca). Yassir Molina y Mario Antonio Tonchy Bascopé, ambos miembros de ese grupo, también están presos. 

5 La quinta acción es la convocatoria del Ministerio Público a declarar en calidad de testigos a actores de la pacificación, en el marco del caso supuesto “golpe”. Carlos Mesa, presidente de Comunidad Ciudadana (CC), se presentó el 17 de junio y se acogió al derecho al silencio. Por ello, Patty, la querellante, amenazó con ampliar la causa en su contra. El 30 de julio, José Antonio Quiroga, excoordinador político de CC, y Luis Vásquez Villamor, asesor de Jorge Tuto Quiroga, también se presentaron a convocatoria de la Fiscalía. 

6 La sexta acción es la destitución de vocales de designación presidencial que fueron nombrados en 2019.  El 29 de junio, el presidente Luis Arce, a través de un paquete de decretos, reemplazó a seis vocales departamentales que fueron nombrados durante el gobierno de Jeanine Añez. 

7 La séptima acción son los procesos que legisladores del MAS interpusieron contra vocales nacionales. El 5 de julio, el diputado  Ramiro Venegas anunció la presentación de una demanda contra el TSE ante la Contraloría  para que se audite todos los procesos de contratación que realizó la entidad electoral entre 2020 y 2021.  El 15 de julio, el diputado  Jhonny Pardo demandó a los vocales que habilitaron a Manfred Reyes Villa como candidato para las elecciones subnacionales. 

8 La octava acción es el proceso interno que se instauró en contra de 26 policías que supuestamente infringieron sus propias normas institucionales en el motín de 2019 y al quitar la  wiphala de sus uniformes. El caso se abrió a partir de la acusación del viceministro de Descolonización y Despatriarcalización, Pelagio Condori, en el marco de la Ley 101 del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana.

9 La novena acción es el procesamiento de militares por los hechos luctuosos de 2019. En ese contexto  están procesados Gonzalo Terceros, excomandante de la FAB; Gonzalo Jarjuri, excomandante de la Armada; Moisés Orlando Mejía, excomandante de la Armada; Franko Suárez Gonzales, excomandante de la División Mecanizada del Ejército; Iván Patricio Inchauste Rioja, excomandante del Ejército; Pablo Guerra, exjefe del Estado Mayor; y Alfredo Cuéllar, excomandante de la guarnición de Cochabamba. La mayoría guarda  detención preventiva. 

10 La décima acción es el denominado caso armas. El escándalo estalló el 8 de julio a raíz de una supuesta carta enviada por el excomandante de la FAB, Gonzalo Terceros, al exembajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez, en la que le agradecía por el “material bélico”.

“Lamentamos que hoy los bolivianos no tenemos garantías de dónde acudir para que se pueda aplicar la CPE”.  
Henry  Montero, 
senador de Creemos

Según los gobiernos de Bolivia y de Argentina, la administración de Mauricio Macri  envió pertrechos al gobierno de  Añez  con la finalidad de “reprimir” al pueblo boliviano y sostener el denominado “golpe”. Por el caso, en Argentina hay un proceso  interpuesto contra Macri y exfuncionarios de su gobierno. 

En declaraciones a Página Siete, Daniel Rojas, diputado del MAS, indicó que la justicia de a poco “está sentando presencia”. Agregó que durante un año del gobierno transitorio la oposición no pudo demostrar que hubo fraude.  

“Que lo piensen dos veces aquellos que nuevamente quieren convulsionar al país. Después no nos salgan con que ellos son perseguidos políticos o la justicia les está persiguiendo políticamente. Nosotros, como MAS, ya no vamos a permitir más ningún acto de  desestabilización, mucho menos de aquellos matoncitos que han venido con Biblia en mano al Palacio de Gobierno a pedir la renuncia de un presidente legítimamente electo”, sostuvo el legislador. 

Alberto Astorga, diputado del CC, manifestó a este rotativo que es evidente que el partido azul  cierra  el cerco contra los actores de la transición porque “pretende lavarle la cara a Evo Morales”.

“Todos estos acontecimientos tienen un fin político: el MAS, su aliado Lanchipa y otros actores lo que pretenden es que Evo Morales vuelva a ser candidato a la presidencia en 2025. Ese es el objetivo político del MAS, que  Evo vuelva al poder”, sostuvo.