El país vive una coyuntura de extrema gravedad. La manera como el TSE ha desarrollado la transmisión rápida de resultados ha generado una crisis que hasta ahora ha mostrado rasgos de extrema violencia y polarización.

El Órgano Electoral tomó una decisión acertada al contratar en los últimos meses a una empresa creíble, Neotec, para encargarle la administración del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Ya en el día de las elecciones, sin embargo, Neotec no tuvo la autonomía, por ejemplo, para entregar el resultado al 100% computado, pese a que estaba en condiciones técnicas de hacerlo y así se lo había anunciado. 

El TSE detuvo el escrutinio sin explicación razonable cuando llevaba 83%; el resultado hasta entonces indicaba que debería convocarse a una segunda vuelta, ya que la diferencia entre el candidato mejor ubicado, Evo Morales, y el segundo, Carlos Mesa, era de siete puntos.

Coincidió con ese resultado  dos sistemas de conteo rápido, los organizados por Jubileo-UMSA y Víaciencia, que daban una distancia de 5,2 y 4,5 puntos, respectivamente. Parecía que la segunda ronda era inevitable y así lo informaron todos los medios nacionales e internacionales.

Pero 24 horas después del primer reporte del TREP, hubo un segundo informe, actualizado al 95%, y en éste la diferencia de siete puntos había pasado a 10,11, con lo que se descarta la segunda vuelta. 

El  haber suspendido la entrega de los resultados  y que al reponerse la situación hubiera variado tanto, causó una ola de indignación entre los sectores opositores y la ciudadanía en general, que derivó en quemas de sedes del Órgano Electoral y de casas de campaña del MAS. La  incredulidad y los rumores de fraude atizaron el conflicto. 

No ha habido una explicación creíble, decimos, de por qué el TSE dejó de transmitir los resultados la noche del domingo y se sumió en un silencio parecido a la complicidad. Si hubiera  proseguido el reporte, Mesa no hubiera celebrado ir a la segunda vuelta ni la ciudadanía se hubiera quedado con la idea de que la distancia entre los dos candidatos era menor a 10 puntos.

Por otro lado, que un órgano electoral como el actual, compuesto por simpatizantes del oficialismo, hubiera suspendido la entrega de los resultados del TREP solo puede haber significado que la distancia final entre el primero y el segundo era menor a 10 puntos y que una segunda vuelta era inevitable, en la que Mesa tiene más chances de ganar.

En esta situación, reanudar el TREP posteriormente sólo contribuyó a la confusión, pues la función de este sistema es dar claridad en las horas posteriores a la votación, no  un día o más después, cuando la gente quiere resultados finales no provisionales. 

El Gobierno tampoco ha tenido una actuación acertada. Ha salido a festejar el triunfo en primera vuelta, cuando éste no estaba tampoco consolidado y luego ha buscado encontrar -como siempre- el culpable externo sin asumir su parte de responsabilidad.

El gobierno controla a la mayoría de los vocales del TSE y de los tribunales departamentales. Ha colocado allí a sus acólitos, desde hace años. Lo hizo precisamente para tener margen de maniobra y poder adulterar los eventos electorales, como por ejemplo cuando permitió que Esteban Urquizu venciera en primera vuelta en Chuquisaca en 2015, o cuando anuló a 228 candidatos de Demócratas en Beni, lo que favoreció la toma de ese departamento por el masismo. Pero el premio mayor de tener allí a personas adictas fue haber conseguido que se aceptara que el binomio inconstitucional participara de las elecciones del domingo pasado. ¿Qué otra reacción si no la indignación se puede esperar con estos antecedentes?

Como no existe credibilidad en el Órgano Electoral, las desconfianzas causan reacciones incontrolables. Los daños al sistema democrático están hechos. Ahora, debemos exigir que el conteo oficial se realice de la manera más transparente y pronta posible, bajo control nacional e internacional. De lo contrario, las dudas sobre el fraude no podrán ser descartadas.