Después de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en una nota enviada al Ministerio Público, desahució la “sucesión constitucional” de Jeanine Añez en 2019, el ministro de Justicia, Iván Lima, reafirmó este miércoles que “nunca hubo reconocimiento a la autoproclamación” de la exmandataria.

“Nunca hubo reconocimiento del @TCP_bolivia a la autoproclamación definida en reuniones fuera del Legislativo. La @FGE_Bolivia determinó el sobreseimiento de todos los exvocales acusados de ‘fraude’ porque la investigación (realizada incluso durante el golpe) no encontró pruebas”, escribió Lima en su cuenta en Twitter.

La pasada jornada, La Razón accedió a una nota enviada a la Fiscalía por Marvin Molina, secretario general del TCP, en la que se indica que “de la revisión del Sistema de Gestión Procesal y el informe de 16 de julio de la presente gestión, por parte del Gestor Procesal Tutelar de esta institución, se concluye que no se encuentra sentencia, declaración o auto constitucional por el cual se hubiese emitido pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la sucesión presidencial de la entonces senadora ciudadana Jeanine Áñez Chávez, producida el mes de noviembre de 2019”.

El 12 de noviembre de 2019 —dos días después de la renuncia de Evo Morales, acorralado por un paro cívico, los cuestionamientos a las elecciones del 20 de octubre de ese año en medio de denuncias de “fraude”, un motín policial y la “sugerencia” de dimisión presidencial de las Fuerzas Armadas— Áñez asumió primero la presidencia de la Cámara de Senadores y luego del Estado Plurinacional por “sucesión”.

Entonces, justificó su proclamación con la lectura de un comunicado del TCP de ese día, que apelaba a una resolución de 2001 con la que el vicepresidente Jorge Quiroga sucedió en agosto de ese año al entonces dimisionario y convaleciente presidente Hugo Banzer.

En ese sentido, el TCP también hizo llegar a la Fiscalía una copia legalizada del comunicado del 12 de noviembre de 2019, cuyo subrayado dice: “(…) el Vicepresidente asume ipso facto la Presidencia de la República (…) y cualquier entendimiento distinto podría atentar contra la inmediatez en la sucesión presidencial, prevista en el orden constitucional”.

Entretanto, según Lima, “el gobierno de facto, apoyado con armamento y material represivo foráneo, masacró, persiguió y saqueó” durante el año que estuvo en el poder mediante ese mecanismo.

Por tanto, ahora “el debido proceso es garantía de justicia y reparación para las víctimas de masacres, corrupción y graves violaciones de DDHH (derechos humanos) en el gobierno de facto. Quienes apuestan por la desinformación y la desestabilización solo atentan contra el derecho de las víctimas a obtener justicia”, remarcó el ministro.