Existe una fuerte corriente de varios prestigiosos abogados que se manifiestan por una urgente reforma al Poder Judicial (ahora degradado a Órgano Judicial), y, es obvio que razón no les falta, por los graves inconvenientes que viene atravesando el funcionamiento de la administración de justicia, por muchos y varios factores que día a día se van agravando, pero, en mi opinión, no es fácil conseguir una reforma judicial, por varios aspectos que tienen directa influencia en esa situación.

Justicia es una de las cuatro virtudes cardinales, que es dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece, lo que se debe hacer según derecho o la razón. La justicia no opera por si misma, es el Poder Judicial el que debe ejercer justicia y lo judicial es lo relativo a la administración de justicia, a la judicatura. No se trata de cambiar, mejorar o sustituir a la justicia, lo que se debe reformar es la administración de justicia en sus diferentes niveles para que con esa reforma se mejore y cambie la administración de justicia, que finalmente tiene un único fin y objetivo que es la seguridad jurídica de todos y cada uno de los bolivianos tanto como personas naturales o personas jurídicas, que constituyen el entramado principal de una nación.

Una de las principales vicisitudes que tiene que encarar la reforma judicial, es que desde hace muchos años en el país no existen instituciones fuertes, serias, sólidas; todas están influidas por el manejo político. En el pasado, si había instituciones fuertes, era más por mérito de quien la manejaba que por la rutina nacional de respetar las entidades y, la administración de justicia es parte de la institucionalidad del Estado en su conjunto.

La doctrina señala que la institucionalización es el proceso de transformación de un grupo, práctica o servicio, desde una situación informal e inorgánica hacia una situación altamente organizada, con una práctica estable, cuya actuación puede predecirse con cierta confianza, e interpretarse como la labor de una entidad dotada de personalidad jurídica propia, con continuidad y proyección en el tiempo.

La institucionalidad en un país, es la conformación de toda la estructura básica y fundamental que manejan las diferentes actividades del Estado, deben ser responsables y serias en su manejo, se les está entregando la responsabilidad de administrar las funciones que correspondan a su campo y todo ello debe ser realizado con seriedad, responsabilidad y en beneficio de la población y consiguientemente del país.

No es secreto que en nuestro país las instituciones se encuentran cundidas de virus de las enfermedades que las destruyen, como son, entre otras, la irresponsabilidad, el poco profesionalismo de sus responsables, la falta de seriedad en la conducta de quienes las manejan, el interinato y el virus más dañino y más difícil de extirpar que es la corrupción de sus miembros; con esa indebida conducta dañan lo más preciado en la vida de un país, que es la vida de sus instituciones, que funcionen responsablemente, que se les tenga confianza en su manejo y permitan de esa manera, como dice el concepto señalado, ser instituciones altamente organizadas, con una práctica estable, cuya actuación puede predecirse con cierta confianza, e interpretarse como la labor de una entidad dotada de personalidad jurídica propia, con continuidad y proyección en el tiempo.

El Poder Judicial, consiguientemente la administración de justicia, es parte de la desinstitucionalización del Estado, y su reforma total o parcial, se hace muy difícil en esas condiciones negativas, que hay que considerarlas en su real dimensión.