Está en prisión desde marzo, pero el juez segundo anticorrupción, Andrés Zabaleta, acreditó “el riesgo de fuga” para ordenar una nueva detención preventiva de seis meses. Se trata del segundo proceso, planteado por la vía ordinaria, contra la expresidenta Jeanine Áñez, a quien se la acusa de haber llegado ilegalmente al poder el 12 de noviembre de 2019, dos días después de la renuncia de Evo Morales a su mandato.

Este caso fue planteado hace dos meses ante el Ministerio Público por la Procuraduría, el Ministerio de Gobierno y la Presidencia del Senado, por incumplimiento de deberes así como resoluciones contrarias a ley y la Constitución Política del Estado.

La decisión, asumida por el juez Zabaleta, se produjo luego de una audiencia de más de seis horas y en momentos en los que la defensa estaba tramitando una acción de libertad ante la ausencia de resultados del primer proceso, pues desde marzo la Fiscalía no presentó ninguna prueba de terrorismo, sedición o conspiración, delitos que son parte de la acusación de la exdiputada Lidia Patty.

“En ambas denuncias existe un mismo hecho, la supuesta autoproclamación, la misma persona, que es Jeanine Áñez y el mismo tiempo, el periodo comprendido del 10 al 11 de noviembre de 2019”, explicó a EL DEBER Alain de Canedo, uno de los abogados del equipo jurídico que asiste a la exmandataria. Precisó que en las dos imputaciones, se expone “la autoproclamación” como el hecho que derivó en contravenciones que son investigadas.

En la audiencia de ayer, que corresponde al segundo proceso ordinario contra Áñez, fue presentado por los fiscales Omar Mejillones y Lupe Zabala. Ambos juristas expusieron los argumentos respecto al nuevo proceso y remarcaron la necesidad de realizar las investigaciones, específicamente, por los delitos de las vulneraciones legales que se pudieron cometer cuando Áñez llegó al poder. Entonces, el país estuvo sumido en una crisis política que fue marcada por un estallido de hechos de violencia en varias regiones del país por las elecciones generales fallidas de 2019.

“La defensa interpuso una apelación porque ninguna persona puede ser procesada dos veces por un mismo hecho y evidentemente la indivisibilidad de un juzgamiento que está prohibida por la Constitución”, dijo el abogado Luis Guillén, otro de los profesionales que patrocina a Áñez.

En la audiencia estuvo un representante de la legación boliviana de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

La familia de la exmandataria envió una solitud de audiencia a la autoridad internacional para exponer el caso, el pedido aún no tiene respuesta señaló De Canedo. “La observación del cumplimiento del debido proceso pasa por establecer que no existan arbitrariedades, que las pruebas sean contundentes. Eso no pasó ni en esta ni en las anteriores audiencias”, lamentó el abogado.

El jurista explicó que la presencia del emisario fue precisamente para que se observe el cumplimiento del debido proceso, “que es un principio universal”.

En marzo, tras la detención de Áñez, António Guterres, secretario general de Organización de Naciones Unidas, expresó su preocupación por el cumplimiento del debido proceso. Una similar señal de inquietud fue emitida desde la oficina de la autoridad internacional el mes pasado.

Además de estos dos procesos ordinarios, en los que no se le reconoce a Áñez su calidad de expresidenta porque tienen que ver con los sucesos previos de su llegada al poder, existen otras cuatro demandas en marcha que sí requieren de la autorización del Legislativo para un juicio de responsabilidades. Uno de esos casos es por “genocidio” a raíz de la muerte de una veintena de civiles en Sacaba y Senkata, luego de un operativo militar y policial.

Los procesos que enfrenta Áñez cuentan con el aporte de evidencias que fueron provistas por los ministerios de Justicia, Gobierno, Relaciones Exteriores, Economía y Desarrollo Productivo.

“El Ministerio Público debe responder por la estrategia. Esto se va a llevar a cabo por el Ministerio Público y por los querellantes. En este caso, ‘golpe de Estado’, el Ministerio de Justicia no es parte. Sí lo es el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría”, puntualizó hace algunos días el ministro Iván Lima.

Por ese caso también fueron detenidos los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán. Precisamente, ayer un juzgado de La Paz negó a Coímbra la posibilidad de que se defienda en libertad.