En reunión extraordinaria, la Asamblea de la Cruceñidad determinó alentar movilizaciones a partir de este jueves en defensa de su narrativa del “fraude electoral”. Lo hace en coordinación con el Conade. Otros temas de presión son la dotación de tierras y la Ley de Emergencia Sanitaria.

Esperan así rearticular a la oposición cívica en la persistente disputa sobre los hechos de 2019. El detonante para la protesta de las organizaciones opositoras, con centro en la dirigencia del Comité pro Santa Cruz, fue la decisión de la Fiscalía General del Estado de cerrar el caso Fraude. La renovada acción cívica plantea banderas genéricas como la “defensa de la democracia”, hasta demandas concretas como la renuncia del fiscal Lanchipa, pasando por el rechazo a las acciones judiciales en el caso Golpe. En la agenda cruceña, su evidente interés es intervenir en el régimen de tierras.

Respecto a la narrativa del “fraude”, hay dos mensajes complementarios. El primero es seguir la vía legal, a nivel nacional e internacional, para tratar de revertir la decisión del Ministerio Público y mantener en los juzgados la denuncia sobre las elecciones de 2019. El segundo mensaje es de movilización callejera, como la anunciada marcha urbana de este jueves. Pretenden así influir, bajo presión, en las decisiones de la administración de justicia. Buscan imponer su “verdad” frente a la “mentira” oficial.

Al respecto habrá que señalar que el denominado caso Fraude se cerró luego de 20 meses de investigaciones por cuenta de los fiscales. La mayor parte de ese periodo (un año) fue en el régimen provisorio de Áñez, con reiteradas amenazas del exministro Murillo y el Procurador General del Estado. También debe recordarse que en 20 meses las entidades que hoy convocan a movilizarse para reabrir el caso no presentaron ni una sola prueba que demuestre el delito de “fraude” en los comicios de 2019.

Más allá de la reciclada narrativa que busca rearticular a la oposición, las decisiones de la Asamblea de la Cruceñidad muestran que el tema de fondo no es tanto el “fraude”, sino la dotación de tierras. De las siete resoluciones adoptadas, tres tienen que ver con la agenda de la Gobernación en materia de tierra, dos hablan de democracia, una se refiere al fraude y una se ocupa de leyes: sobre legitimación de ganancias ilícitas y emergencia sanitaria. Es una canasta con varios temas sobrepuestos.

En el trasfondo de las movilizaciones convocadas por los cívicos se percibe también su preocupación por la posibilidad cierta de que en la disputa de narrativas “fraude versus golpe”, se impongan las acciones sancionatorias “del Gobierno central y su justicia servil” en torno al golpe. En un contexto donde la mayoría de la población concentra su atención en la crisis socioeconómica y la crisis sanitaria, hoy las organizaciones opositoras apuestan por reactivar la tensión con una agenda más bien política.