Ante las solicitudes de la Fiscalía General del Estado (FGE) para el cierre del Caso Fraude Electoral, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC) Alberto Astorga, señaló que, en caso de concretarse esta solicitud, tanto legisladores como el propio presidente Arce deberían dejar sus cargos por no contar con legitimidad. Denunció que existe un contubernio entre el fiscal General Juan Lanchipa y el expresidente Evo Morales para devolverle el poder.

Astorga señaló que la legitimidad del presidente y de todos los legisladores electos en los pasados comicios quedaría puesta en tela de juicio si prosperan los intentos de cerrar el Caso Fraude Electoral.

Preciso que, de darse el caso, estas autoridades tendrían que devolver el poder al exmandatario a todos sus colaboradores, y a los antiguos miembros de la Asamblea Legislativa, antes de los conflictos de 2019.

“Si es que se cerraría el caso, ni el presidente Luis Arce ni nosotros como diputados tendríamos la legitimidad, tendríamos que dejar nuestra funciones y Evo Morales tendría que volver con su antigua Asamblea Legislativa”, dijo.

El parlamentario sostuvo que la solicitud de la Fiscalía es incoherente y en ella se puede observar la intencionalidad de buscar argumentos para devolver el poder al expresidente, quien salió del país una vez descubierto el fraude, mediante una auditoria al proceso electoral efectuada por la Organización de Estado Americanos a pedido del Estado boliviano.

“Sin duda es algo incoherente esta decisión del fiscal Lanchipa y esto demuestra que hay un contubernio entre Lanchipa y Evo Morales para devolverle el poder al exmandatario”, advirtió Astorga.

Por su parte, el diputado oficialista Héctor Arce, señaló que a lo largo de la gestión del gobierno transitorio no se pudieron presentar pruebas contundentes de la existencia real del fraude electoral.

“Para nosotros son siete investigaciones que demuestran que no hay tal fraude electoral, pues Añez a estado un año en el poder y tenía el control del tribunal supremo electoral y de las fiscalías departamentales. En un año, no presentaron una prueba contundente que lleve a sospechar o la hipótesis de que hubo fraude. El único fraude es el informe de la OEA”, indicó.