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Medio: El Diario
Fecha de la publicación: martes 03 de agosto de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Judicial
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Ante las solicitudes
de la Fiscalía General del Estado (FGE) para el cierre del Caso Fraude
Electoral, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC) Alberto Astorga, señaló
que, en caso de concretarse esta solicitud, tanto legisladores como el propio
presidente Arce deberían dejar sus cargos por no contar con legitimidad.
Denunció que existe un contubernio entre el fiscal General Juan Lanchipa y el
expresidente Evo Morales para devolverle el poder.
Astorga señaló que
la legitimidad del presidente y de todos los legisladores electos en los
pasados comicios quedaría puesta en tela de juicio si prosperan los intentos de
cerrar el Caso Fraude Electoral.
Preciso que, de
darse el caso, estas autoridades tendrían que devolver el poder al exmandatario
a todos sus colaboradores, y a los antiguos miembros de la Asamblea
Legislativa, antes de los conflictos de 2019.
“Si es que se
cerraría el caso, ni el presidente Luis Arce ni nosotros como diputados
tendríamos la legitimidad, tendríamos que dejar nuestra funciones y Evo Morales
tendría que volver con su antigua Asamblea Legislativa”, dijo.
El parlamentario
sostuvo que la solicitud de la Fiscalía es incoherente y en ella se puede
observar la intencionalidad de buscar argumentos para devolver el poder al expresidente,
quien salió del país una vez descubierto el fraude, mediante una auditoria al
proceso electoral efectuada por la Organización de Estado Americanos a pedido
del Estado boliviano.
“Sin duda es algo
incoherente esta decisión del fiscal Lanchipa y esto demuestra que hay un
contubernio entre Lanchipa y Evo Morales para devolverle el poder al
exmandatario”, advirtió Astorga.
Por su parte, el
diputado oficialista Héctor Arce, señaló que a lo largo de la gestión del
gobierno transitorio no se pudieron presentar pruebas contundentes de la
existencia real del fraude electoral.
“Para nosotros son
siete investigaciones que demuestran que no hay tal fraude electoral, pues Añez
a estado un año en el poder y tenía el control del tribunal supremo electoral y
de las fiscalías departamentales. En un año, no presentaron una prueba
contundente que lleve a sospechar o la hipótesis de que hubo fraude. El único
fraude es el informe de la OEA”, indicó.



