Distintas plataformas ciudadanas anunciaron este martes protestas y bloqueos en la semana de las fiestas patrias por el aniversario de la independencia del país para expresar su rechazo al cierre del caso denominado «fraude electoral» de 2019.

El Comité de Defensa de la Democracia (Conade) emitió este martes una convocatoria para movilizarse el próximo 5 de agosto en las regiones de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz utilizando los símbolos patrios y portando todas las medidas de bioseguridad.

La protesta será en rechazo al cierre del caso denominado «fraude electoral» que en julio la Fiscalía General del Estado anunció que una pericia realizada en España determinó que «no hubo manipulación» de los resultados de los comicios anulados de 2019.

También exigirán la renuncia del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, por el «abandono de sus obligaciones al pretender cerrar el caso fraude electoral» y la reforma del Ministerio Público y la Justicia del país.

El Conade instó a las organizaciones ciudadanas de otras regiones como fuera del país a que se organicen para realizar otras movilizaciones ese día, según el documento de la convocatoria.

De la misma manera, la plataforma ciudadana del 21F, llamada así por el referéndum realizado en el país el 21 de febrero de 2016 que negó la posibilidad al expresidente Evo Morales a que participara en los comicios de 2019 a los que finalmente se presentó avalado por una resolución del Tribunal Constitucional, también llamaron a movilizarse.

Los representantes de esa plataforma convocaron a protestar de manera pacífica el próximo 5 y 6 de agosto, en la que ondearan banderas bolivianas mostrando su inconformidad por el cierre del caso «fraude electoral» y también exigirán que se pare la «persecución política», según difunden medios locales.

El 6 de agosto, Día de la Independencia de Bolivia, también realizarán una protesta frente al nuevo edificio de la Asamblea Legislativa donde el presidente Luis Arce dará su mensaje a la nación.

Asimismo el lunes en la noche la Asamblea de la Cruceñidad en Santa Cruz determinó apoyar las movilizaciones del 5 de agosto «contra el intento de imponer la mentira del ‘golpe de Estado'».

También se concluyó que el Comité Pro Santa Cruz realice «todas las acciones necesarias» para que el «fraude electoral de 2019 sea castigado y que los culpables sean procesados».

«Esta primera acción de protesta ciudadana contra el intento de imponer la mentira del ‘golpe de Estado’ será la primera de muchas acciones de calle hasta que la verdad sea instaurada y se reconozca el ‘fraude electoral’ de 2019», se indica en parte de las resoluciones de esa asamblea en la que anunciaron bloqueos desde el 9 de agosto por un tema sobre tierras.

Antecedentes

La pasada semana la Central Obrera Boliviana (COB) se declaró «en emergencia» e indicaron que defenderán al Gobierno de Luis Arce, ante la inconformidad de varios sectores del país con la decisión de la Fiscalía de cerrar ese caso.

El pasado 27 de julio la Fiscalía presentó una pericia realizada por el Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Fundación General de la Universidad de Salamanca que concluye que «no hubo manipulación» de los resultados de los comicios fallidos de 2019 y se cerró el caso.

Políticos y organizaciones opositoras consideran que la decisión de la Fiscalía va en contra a la auditoría que efectuó en 2019 la Organización de Estados Americanos (OEA) mediante un acuerdo bilateral que establecía un resultado vinculante.

En la jornada electoral del 20 de octubre de 2019 hubo una paralización de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que duró casi 24 horas cuando existía un 83 por ciento de los resultados lo que generó la desconfianza en los comicios.

En medio hubo un cambio de tendencia que daba una victoria más amplia al entonces presidente Evo Morales sobre su contendiente el expresidente Carlos Mesa y descartaba una posible segunda vuelta y con ello emergieron las primeras acusaciones de fraude.

La madrugada del 10 de noviembre de 2019, la OEA publicó el resultado de la auditoría que detectó irregularidades «muy graves» como la manipulación en el sistema informático de trasmisión y cómputo de resultados, por lo que recomendó nuevas elecciones.

Esta situación provocó una crisis social y política en el país que derivó en que Evo Morales renunciara a la Presidencia denunciando que fue forzado por un supuesto golpe de Estado.