El reciente hecho de retardación de justicia incurrido por nuestro sistema judicial da cuenta de que un ciudadano estuvo detenido “preventivamente” desde el 7 de octubre de 2000, en virtud a órdenes judiciales de dos jueces cautelares, que le impusieron medidas cautelares resultante de la comisión de dos hechos tipificados como robo y robo agravado. Consiguientemente y según antecedentes penales públicos del recluso, éste debió cumplir su pena y ser liberado en agosto de 2004, no fue así, y sufrió una indebida condena de 15 años.

La señora responsable departamental del Ministerio de Justicia tachó el hecho de “caso grave de retardación de justicia” y pide informes para sancionar a los responsables de la indebida detención. Por su parte, el flamante titular del Tribunal Departamental de Justicia inició sus funciones con un desafortunado yerro al señalar que el exrecluso estuvo recluido por su “propia voluntad”.

Al respecto, cabe señalar que el responsable del Tribunal Departamental de Justicia, en su condición de representante legal de la justicia y del Estado, mínimamente debió pedir disculpas al exrecluso y, de oficio, iniciar un proceso de reparación del daño y perjuicios emergentes, como lo prevé el artículo 113.3 de la Constitución, que ordena que “la vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna”. 

Además, la reparación, también se constituye en un derecho humano y fundamental – art.63.I de la Convención Americana de Derechos Humanos, por el que la víctima es acreedora a la restitución, rehabilitación, indemnización, a medidas de satisfacción y garantías de no repetición (estándar desarrollado por el derecho internacional).

De donde el instituto jurídico de la reparación del daño pretende subsanar las secuelas del hecho delictivo, congruente con el perjuicio sufrido. Es de ahí que se debe gestionar, en la manera de lo posible, restituir a la víctima a su status quo anterior a los sucesos delictivo, por lo que dicha reparación procurará: 

1) Rehabilitación de la Victima a través de tratamientos clínicos (físico o psíquico), estudios (técnicos, superiores, o cualquier otro), con el fin de recomponer el proyecto de vida de la víctima (plano trazado o esquema vital acorde a las prioridades, valores y perspectivas de la víctima); 2) Indemnización o compensación económica proporcional al daño o al derecho violentado; dos tipos de indemnización: 3.1) Indemnización material, que consiste en la pérdida de los emolumentos de la víctima y las erogaciones provenientes del delito, que a su vez comprende:

3.1.1) El daño emergente o pérdida de los bienes de la víctima, como ser el salario, tratamientos médicos, los salarios de la familia de la víctima que dejó de trabajar para atender a ésta, etcétera. 3.1.2) Lucro cesante son los dividendos o el patrocinio dejado de obtener debido al delito, donde se debe considerar el hecho cierto o elemento suficiente de una posible profesionalización; de ahí que su indemnización debe ser tasada en base a los ingresos de un profesional y no de un obrero. 3.2) Indemnización por daño moral o inmaterial, previene la agresión a la dignidad humana, donde es evidente la congoja y la desolación sufrida tanto por la víctima o su entorno familiar, producto de la injusta agresión proveniente del hecho delictivo. 3.3) Las costas o gastos erogados a causa del proceso (abogados, peritos, transporte, etcétera).

En todo caso, es lamentable que este tipo de hechos sean recurrentes y que el Ministerio de Justicia, a través de Defensa Pública, no funcione, por lo que no debe buscar más culpables sino adentro de la defensa publica.