Una serie de medidas de presión, por el tema tierras y el cierre del caso “fraude electoral”, fueron anunciadas ayer por la noche a la conclusión de la Asamblea de la Cruceñidad. La resolución, compuesta por siete puntos, fue dada a conocer por el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo.

En uno de los puntos, se ratifica el apoyo al bloqueo de carreteras de 48 horas, resuelto para el 9 de agosto por los Comités Cívicos Provinciales, como respuesta a la inasistencia del director departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Santa Cruz, Adalberto Suárez, a la reunión de la Comisión Agraria Departamental (CAD).

“Iniciar un trabajo de rearticulación del Movimiento Cívico Nacional como instrumento de lucha en defensa de la democracia, la justicia y la verdad. En ese sentido, apoyar y respaldar todas las movilizaciones democráticas, cívicas y ciudadanas en todo el territorio nacional”, dijo Calvo.

Añadió que se respaldará la marcha del 5 de agosto en la capital cruceña, que es impulsada por el Conade, para que  también sea replicada en los otros departamentos de Bolivia. Además, se agotarán todas las acciones legales para que los responsables del caso “fraude electoral” sean procesados y juzgados.

También fue convocada una vigilia en las instalaciones del INRA, además de rechazar la norma 108 de legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo, y la Ley de Emergencia Sanitaria, además de exigir al Ministerio Público la investigación del fallecimiento del indígena chiquitano Lino Peña Vaca.

Durante la Asamblea, Calvo recordó los 21 días de paro cívico, resaltando que era mejor realizar el sacrificio de días sin comer, “que toda una vida sin comida ni libertad. La historia ya está escrita, al pueblo boliviano no se la van a charlar, las pruebas del fraude de Evo y el MAS son irrefutables, un informe internacional, serio y vinculante lo avala”.

Por su parte el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, en calidad de expresidente de la entidad cívica, dijo que, si bien en su posición actual, no le compete proponer acciones ni guiar a la Asamblea de la Cruceñidad, pero estará presente en todo acto y apoyará cualquier acción que se tome. “No dejaremos que atropellen a nuestros pueblos indígenas, áreas protegidas, instituciones y nuestra forma de vida, eso es algo que no vamos a permitir. Vamos a dar batalla y pelea de la mano del movimiento cívico nacional y de los bolivianos que queremos vivir en paz”, dijo Camacho.

Horas antes de la reunión de las instituciones cruceñas, el presidente del Estado, Luis Arce, desde un acto en San Julián por el Día de la Revolución Agraria, advirtió que ningún gobierno subnacional puede atribuirse la competencia sobre tierras.

“Nuestra Constitución Política del Estado, aprobada con más del 60% del voto popular de todo el pueblo boliviano, establece claramente nuestras competencias como nivel central y en materia de tierras da competencia exclusiva al Gobierno nacional para que ninguna Gobernación, ninguna Alcaldía, pisoteando nuestra Carta Magna, pretenda atribuirse competencias que no le corresponden y solo buscan generar divisiones, odios y violencia entre bolivianos”, dijo el mandatario.

A su vez, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, descalificó la Asamblea cívica. “Es una reunión de políticos, es una reunión de aquellas personas que no creen en el Estado Plurinacional que van a sacar resoluciones en contra de la democracia”.

Caso Peña Vaca

Con referencia al informe presentado por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, relacionado con el fallecimiento de Lino Peña Vaca, el gobernador cruceño dijo que no se puede ser parte del “cinismo” que impulsa el ministro, al indicar que Peña falleció debido a un choque séptico, neumonía grave y fibrosis pulmonar, que habrían sido provocadas a causa del covid-19, y no por los golpes ocasionados por los interculturales durante un enfrentamiento.

Peña Vaca murió el 31 de julio, tras permanecer varios días internado en un centro de salud de la capital cruceña, mientras se recuperaba de los golpes producto de un enfrentamiento por tierras, el 5 de julio en la comunidad Ebenezer, ubicada en el municipio de San Ignacio de Velasco.

“El hecho ocurrió porque el INRA nuevamente ha comenzado a dotar de tierras, en comunidades que ya estaban asentadas hace 20 años. (…) Con sus acciones se está llevando la vida de los lugareños, por eso creemos que este es un tema que se debe solucionar en la CAD”, dijo Camacho.

La diputada por Creemos María René Álvarez adelantó que se va a solicitar al Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz una auditoría médica por el deceso de Peña. Aclaró que la solicitud, dirigida al director del Sedes, Edwin Viruez, se la está realizando debido a las declaraciones del ministro de Gobierno y el INRA.