El abogado dijo que sorprende que señalen que los siete puntos periciales establecidos por la Fiscalía fueron notificados a todos los sujetos procesales, puesto que simplemente en el caso hay denunciantes, todos de parte del Gobierno: Procuraduría General del Estado, Tribunal Supremo Electoral, Ministerio de Gobierno, Viceministerio de Transparencia y Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (Agetic). 

“Pareciera, entonces, que la Comisión de Fiscales, aprovechando de esa situación, hizo dibujo libre en el establecimiento de esos puntos e incluso para escoger libre y tal vez convenencieramente a los peritos, puesto que, de haber parte contraria efectiva, esta hubiera con probabilidad: 1) cuestionado la idoneidad de los peritos, propuesto otros, etc.; y 2) modificado y/o ampliado esos puntos y añadido otros de su parte”, escribió el jurista en su columna de opinión en Correo del Sur. 

Al respecto, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, calificó de encubridor al Fiscal General, Juan Lanchipa, por no incluir en el caso Fraude Electoral 2019 al expresidente Evo Morales, quien sería el principal beneficiario del ilícito, además por monopolizar la investigación al dividir en dos el proceso. 

Yáñez también destacó que, a diferencia del informe de la auditoría de la OEA a los comicios de octubre de 2019, realizado con 30 especialistas, en el que encontró graves irregularidades, y de Ethical Hacking, que auditó el proceso electoral y presentó más de 5.000 folios de irregularidades a la fiscalía, “manifiestamente ninguneados en su requerimiento”, al referirse al estudio presentado por la Universidad de Salamanca (Usal), realizado por un docente y dos estudiantes, con que pretenden cerrar el caso fraude, “se dedican afanosamente a echarle flores: ‘personal altamente calificado en el área científica’, ‘expertos de talla internacional’, etc.”.

Lo que también llama la atención, refirió el abogado, es que una vez entregado el informe de auditoría por la Usal el 20 de julio de 2021 –vía la Fiscalía General del Estado– y sin dar lugar nuevamente al contradictorio ni siquiera respecto de los denunciantes, puesto que el Código Procedimiento Penal establece la obligación de notificar con el resultado de la pericia para aclaraciones, “raudamente los fiscales hayan emitido en siete días el requerimiento de sobreseimiento –de 82 páginas– el 27 de julio”. 

“Durísimo han trabajado y estaban muy pero muy apurados”, cuestionó el experto en temas jurídicos.

Yáñez indicó que los cuatro fiscales de la comisión tomaron como referencia 124 actuados realizados. Mencionaron el informe final de análisis de integridad electoral de la OEA, el de Ethickal Hacking, así como varias declaraciones testificales de las cuales transcribieron algunas en extenso como el de Marcel Guzmán de Rojas, gerente de Neotec, empresa que proveyó el software para el proceso electoral de octubre de 2019, y, “al valorar los elementos probatorios, establecen 13 conclusiones, introduciendo el ya famoso informe pericial” del docente y sus dos ayudantes de la Usal.

Agregó que como las víctimas directas de los hechos fraudulentos de octubre de 2019 son los votantes, escamoteados en sus derechos políticos, empezaron a presentar las impugnaciones, “pues la víctima está legalmente habilitada para hacerlo, sin necesidad de ser querellante”.

Sin embargo, agregó, quien resolverá será el Fiscal Departamental de La Paz, que, como sus restantes colegas, “ha sido nombrado a dedo por el Fiscal General, vulnerando flagrantemente su propia Ley Orgánica, que obliga lo sean previa convocatoria pública y calificación de capacidad profesional y méritos a través de concurso público”.