El gobierno ha pagado más de 200 mil bolivianos por un trabajo de consultoría extranjera que busca cerrar el caso fraude electoral y liberar de toda responsabilidad (penal-civil) a los autores materiales e intelectuales del megafraude electoral de 2019. El encargo fue elaborar un “análisis de integridad electoral, elecciones generales en el Estado Plurinacional de Bolivia 20 de octubre de 2019”, realizado supuestamente por la Universidad española de Salamanca. 

Los autores del trabajo son Juan Manuel Corchado Rodríguez, Manuel José López Pérez y Pablo Plaza Martínez, informático, profesor de bioquímica y biología molecular y técnico superior en desarrollo de aplicaciones multiplataforma y estudiante de ingeniería de sistemas de la información, respectivamente. Se trata, por tanto, de un dictamen que no corresponde (en esencia) a la autoría de la prestigiosa Universidad de Salamanca sino de terceras personas contratadas y pagadas (según el documento), que han trabajado sobre la base de las “evidencias cursantes en el cuaderno de la investigación y que fueron proporcionadas por el Ministerio Público de Bolivia”. 

El controvertido documento ha seguido “una metodología formal recogiendo todos los puntos acordados con la Fiscalía General de Bolivia y (que) se han respetado  todos los aspectos concernientes a los procesos de pericias forense informática”. Llama la atención (ver pág. 29 a 64) que, no obstante advertir que “durante el proceso electoral no se debe acceder a los servidores de la infraestructura del TREP”, reconoce que “el acceso como root puede comprometer la integridad del sistema informático”; es decir, hubo manipulación pero… 

El documento pone de relieve, igualmente, que “el equipo pericial concluye que este cambio de arquitectura durante el proceso electoral no se debió haber dado y un protocolo de pruebas adecuado podría haberlo evitado”; además, “por esto y por el análisis del apartado 3.2.5 (en el que no se detectan inconsistencias entre las bases de datos), se considera que es un incidente de riesgo bajo”.

En el trabajo se deja constancia que el análisis de las peticiones recibidas en el servidor principal de aplicación del TREP (BO2) permite determinar que el servidor BO20 se utilizó como perimetral para la verificación de actas. El servidor no estaba previsto y no contaba con las pertinentes medidas de seguridad y de monitorización,  por lo que no se puede garantizar que su comportamiento era legítimo, es decir, si únicamente actuó como servidor perimetral o si pudo efectuar tareas malintencionadas.

En cualquier caso, los supuestos peritos buscan minimizar sus términos explícitos cuando advierten que “se trata de un acto negligente del encargado de desplegar este servidor en el TSE que pudo comprometer la integridad de los datos y, por ello, se cataloga este incidente como de riesgo alto”. Aunque el documento reconoce que hubo manipulación, y fue elaborado sobre las evidencias que le proporcionó la Fiscalía General, igual honran el encargo en el sentido de que “no se ha detectado la manipulación de las bases de datos que contienen los resultados de las elecciones”.

El curioso dictamen, por cierto “vinculante” para la Fiscalía, y que cerrará el caso megafraude, trata de echar por la borda el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea. La auditoría de la OEA contó con un equipo   conformado por 36 especialistas y auditores internacionales de 18 nacionalidades, entre los que figuraban abogados electorales, estadísticos, peritos informáticos, especialistas en documentos, en caligrafía, en cadena de custodia y en organización electoral.  Las organizaciones internacionales fueron testigos presenciales (los veedores) del cambio de los resultados que dieron como ganador al candidato fraudulento Evo Morales. Lo que les falta hacer decir (tal vez sea la próxima novedad), es que tampoco hubo la revolución de las pititas y corresponde entonces entregar el gobierno al huido Evo Morales y Álvaro García Linera. Los expertos fraudulentos siguen haciendo fraude.