Los detalles que en los últimos días está dando el responsable del Grupo de investigación Deep Tech Lab de Bisite, de la Universidad de Salamanca, debilitan el informe que la Fiscalía presentó como prueba para cerrar caso fraude electoral.

Juan Manuel Corchado, responsable del grupo de investigación, habló de que es su primera experiencia en análisis electoral, sólo evaluaron el ámbito técnico, hallaron el borrado de datos en el TREP, el informe debía ser interno y que su misión no era dilucidar si hubo fraude.

“Voy a ser sincero, pensábamos que este informe que debíamos hacer para la Fiscalía era un informe privado, para su uso interno, pero, bueno, parece que se ha hecho público. Nosotros no entramos si esto ha sido un proceso fraudulento o no fraudulento, eso no es nuestra misión, eso lo tiene que decir el fiscal, el juez o quien corresponda, o al pueblo boliviano en sí mismo”, refirió Juan Manuel Corchado, docente de la Universidad de Salamanca, en contacto con Bolivia TV.

El análisis realizado por el grupo de investigación detalla una serie de irregularidades en el sistema del Órgano Electoral y en el de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), pero que no habrían afectado el cómputo oficial.

Asimismo, Corchado indicó que “hemos hecho muchas pruebas periciales en el ámbito de muchos proyectos, pero en concreto sobre un proceso electoral es la primera vez que lo hacemos”, al referir que incluso identificaron “más irregularidades de las que aparece en el informe de la OEA”.

El grupo de investigación no verificó las alteraciones o manipulaciones en las actas de acuerdo a pruebas entregadas por la Fiscalía.

“El informe (de la OEA) va mucho más allá, ellos hacen un informe de todo el proceso electoral; nosotros ahí no nos hemos metido porque no tenemos datos”, señaló Corchado.

El informe pericial señala el análisis que hacen los expertos al servidor BO20 donde se identificó la destrucción de las evidencias.

Además se registró un movimiento irregular desde el escáner AWS proveniente de Internet, solicitando al menos 260 peticiones que no tenían nada que ver con el proceso electoral, hecho que surge a partir del 3 de noviembre de 2019.

“Los administradores del servidor BO20 no tomaron las medidas necesarias para preservar los registros y se destruyeron así las pruebas que permiten analizar el comportamiento del servidor”, dice la conclusión del análisis .

La pericia sostiene que el borrado de las evidencias ya sea de forma intencionada o involuntaria, supone una incidencia de riesgo alto ya que permite ocultar el comportamiento del servidor al equipo pericial y esconder así, posibles acciones malintencionadas.

Sin embargo, pese a la detección de estas irregularidades, incluso dadas a conocer por la auditoría de la OEA, la pericia del grupo de investigación asegura que no hubo “manipulación de datos”. Según el Sistema Contrataciones del Estado, éste pagó 216.193 bolivianos por la realización de esa pericia.

Gobierno defiende prueba de Fiscalía

El vocero presidencial, Jorge Richter, sostuvo que el peritaje de la Universidad de Salamanca de España sobre los resultados electorales de 2019 deja sin argumentos a sectores opositores que hacen énfasis en la narrativa del fraude.

“Desmonta toda la narrativa del fraude, deja en evidencia a todos aquellos que fueron dueños de aquel discurso de fraude monumental y los deja carentes de argumentos”, señaló en entrevista con Bolivia TV en referencia a la investigación española. Agregó que el trabajo de la gente de Salamanca se aboca estrictamente a la cuestión bases de datos, el TREP, servidores y la conexión que hubiese podido tener.