Tiene diferentes nombres: veda electoral, silencio electoral o jornada de reflexión. Todos ellos se usan para nombrar el lapso durante el cual rigen una serie de prohibiciones legales vinculadas a la propaganda política cuando hay elecciones, y pueden comenzar unos días u horas antes y terminar horas después.

Esta definición usada en todos los sistemas democráticos, como el boliviano, ha sido nuevamente sujeto de controversia en los días pasados y es que, a pesar de que se han dictado una serie de medidas para que todos los candidatos dejen de llamar a votar por ellos y permitan a la ciudadanía reflexionar y decidir, nos hemos visto inundados por una serie de mensajes -realmente una vorágine de ellos- de los candidatos del oficialismo y sus ministros, todos con altos contenidos de promesas, ofertas, compromisos y anuncios dirigidos a la ciudadanía. 

Como manifestó este medio, esto no puede ser interpretado sino como una vulneración a la norma electoral. Y un abuso; otro más de parte del MAS en su decisión de buscar la reelección.

Cuando se lea esta nota editorial, ya habrá pasado ese silencio electoral, y estaremos discutiendo, seguramente, los resultados de los comicios, pero para que no quede en el olvido es importante profundizar sobre los rasgos inequitativos que no son saludables en una elección democrática. 

Es bien sabido que cualquier candidato que busca la reelección ejerciendo el cargo en el que pretende permanecer, lleva ventaja sobre sus contrincantes. Por esa razón en muchos países se exige una renuncia un tiempo previo prudente, de manera que el candidato pueda dedicarse a promover su candidatura sin perjudicar la gestión del Estado.

Asimismo, en muchos países, para disminuir la brecha entre quienes están en el poder en busca de la reelección y quienes pugnan por acceder a él, se opta por poner freno a la información de gestión, se prohíbe terminantemente el uso de recursos públicos en campaña y la entrega de obras por los candidatos.

Las razones son tan obvias como la tentación humana de estos candidatos de convertir las obras financiadas con recursos públicos en prebenda para conquistar electores.

En Bolivia esta campaña ha sido grosera en este sentido. Después de haber usado durante todo el periodo de campaña recursos públicos y entrega de obras para promover la candidatura de Evo y Álvaro, el silencio electoral ha sido usado para una decena de anuncios y compromisos que son claramente propagandísticos. 

La defensa del MAS ante ello siempre ha sido que la gestión no para. ¿Pues no debían al menos ser discretos los discursos y anuncios? 

La gestión, que quede claro, es el trabajo que realizan los representantes del Estado, con recursos de este Estado, como parte de sus obligaciones. No es una dádiva, no se hace con recursos partidarios, es un mandato y por ello debe rendirse cuentas públicas.

Que el Presidente sea sensible ante una madre soltera que no tiene techo, que quiera darle nuevas oportunidades a los jóvenes y hacer que los bolivianos que viven en el extranjero accedan al SUS, no son malas ideas, pero que se las use para comprometer a los beneficiarios con un respaldo electoral, es burdo.

Por supuesto que este uso de lo público con fines partidarios no es algo que se haya descubierto con Evo, sino que es parte de la cultura política boliviana, pero no por eso vamos a naturalizarlo y alentarlo.

El nuevo Gobierno -sea reelecto o provenga de la oposición- debe comprometer sinceramente con ciertos principios básicos de la democracia, y uno de ellos renunciar al uso de recursos públicos de forma arbitraria y discrecional. 

Solamente cuando entendamos que los presidentes son servidores públicos y no redentores ni propietarios, podremos decir que nuestra democracia va camino a la evolución. No solamente los políticos deben respetar este principio, también los ciudadanos debemos exigirlo.