El secretario de general de la Fiscalía, Edwin Quispe, justificó este sábado la decisión de cerrar el caso de Fraude electoral y aseguró que las investigaciones determinaron que hubo irregularidades, inconsistencias, negligencias, pero que no un delito de fraude, que no figura en el Código Penal boliviano. Además, desconoció el caracter vinculante del informe presentado por la OEA, que detectó anomalías en las elecciones de 2019, porque no fue aprobado por la Asamblea legislativa, pese que fue avalado por el Gobierno de Evo Morales.

Ese año, tras los resultados que daban por ganador al expresidente en primera vuelta, surgieron denuncias de irregularidades en el proceso que derivó en un estallido social en todo el país. Ante esta situación Morales aceptó que la OEA elabore un informe de carácter vinculante que quedó plasmado en la firma de un acuerdo con la organización.

No obstante, Quispe aseguró que el informe fue de carácter político y dentro de la normativa legal nacional no es vinculante. Explicó que para tener ese rango el acuerdo debió ser elevado a rango de Ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Luego de varios días de protestas, un grupo de 36 expertos de la Organización Estados Americanos (OEA) determinó que existió la manipulación de datos en las elecciones de octubre de 2019, que favorecieron al entonces presidente de Evo Morales. Esto avivó más el descontento social que exigía la renuncia del exjefe de Estado.

En la mañana del 10 de noviembre, Morales, aceptó el informe y convocó a nuevas elecciones con nuevos Tribunal Electoral y nuevos actores políticos. Incluso, hizo un llamado a la pacificación. Pero ya era tarde, el descontento creció y en la tarde renunció denunciando un supuesto golpe de Estado.

Tras estos hechos la Fiscalía General ordenó investigar y detener a los vocales de la Órgano Electoral que llevó adelante este proceso. Pero tras el triunfo del MAS decidió cerrar el caso y dejar en libertar a los acusados, pese que se detectaron varias anormalidades.

Es más, una vez el poder el Gobierno del MAS, reforzó el relato del golpe de Estado e inició varios procesos contra exautoridades del Gobierno transitorio.

“No estoy de acuerdo que el informe de la OEA es vinculante, porque una cosa es el campo técnico de la doctrina legal y otro el campo político. Fue un acuerdo político, si se hubiera pasado por Ley en la Asamblea hubiera sido vinculante, era lo que correspondía” explicó Quispe en el programa Qué Semana de EL DEBER Radio.

El jurista dijo que el informe de la organización fue solo un indicio para que continuar la investigación. Además, defendió el informe de emitido por el “Deep Tech Lab de BISITE de la Universidad de Salamanca”, que no encontró delito en los 12 acusados del caso fraude electoral, a pesar de que detectó que los equipos informáticos eran vulnerables y manipulables.

El experto, William Herrara, dijo que lo expuesto por la autoridad no tiene sentido porque existió un compromiso firmado por parte del Estado boliviano de cumplir las observaciones hechas por la OEA.

El especialista, señaló que no se puede tomar enserio un peritaje realizado por tres personas frente a un informe técnico realizado por 36 expertos de la OEA que realizaron un trabajo de campo en el lugar de los hechos.