Ante el cierre del caso "fraude electoral" por parte de la Fiscalía General del Estado, la bancada de Creemos en diputados impugnó este sábado esa determinación y se apersonó en calidad de víctima para evitar que se deje sin efecto la investigación en base a un estudio del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España.

El jefe de Bancada, Erwin Bazan, afirmó que la Fiscalía no puede usar un estudio pericial en el que existen contradicciones y elaborada por tres personas, dejando de lado el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizado por expertos en temas electorales.

“El fiscal General, Juan Lanchipa Ponce, no puede cerrar el caso en base a un documento que no está acreditado dentro del Estado para ser tomado en cuenta dentro del procedimiento penal boliviano. Como parlamentarios vamos a estar en trinchera realizando todas las acciones judiciales que se nos permite de acuerdo a derecho”, afirmó en conferencia de prensa en Santa Cruz.

Esta acción se suma a la apelación que presentó el jueves el Comité pro Santa Cruz por el cierre del caso. En esa oportunidad, los cívicos cuestionaron  que la Fiscalía haya obrado de forma "unilateral" para realizar una pericia sin tomar en cuenta a los denunciantes.

En ese contexto, Bazan explicó que la acción legal formulada por los legisladores se cumple en el marco del ejercicio de control y fiscalización; además, del derecho a la petición, el acceso igualitario, a la garantía del debido proceso en su vertiente del derecho a la impugnación, tanto en calidad de víctimas y como asambleístas.

“Nos estamos apersonando en calidad de víctimas porque no vamos a permitir una manipulación, una distorsión de la realidad y de la historia (…) exigiéndole a la Fiscalía que se nos reconozca en calidad de víctimas porque nosotros como ciudadanos naturales somos víctimas del fraude electoral de 2019. Además como parlamentarios representamos a los ciudadanos que también se declaran en calidad de víctimas”, enfatizó.

La semana pasada, el Ministerio Público pidió a la autoridad jurisdiccional el sobreseimiento y cerrar el caso “fraude electoral” basado en un documento del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite, firmado por un docente y dos estudiantes de la Universidad de Salamanca.

Dos de los firmantes, Pablo Plaza Martínez y Manuel López Pérez, son estudiantes de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería Informática, respectivamente, y el tercero, Juan Manuel Corchado Rodríguez, es profesor y tiene un doctorado en Ciencias de la Computación y en Inteligencia Artificial.

En ese contexto, Bazan indicó que están presentando un memorial donde se solicita la nulidad de la prueba pericial porque no cumple con los requisitos que establece la normativa penal vigente en el país.

“Un informe universitario elaborado por tres personas no puede ser tomado como prueba (…) el informe de la Universidad de Salamanca es sólo un informe académico sin relevancia forense ni reconocimiento legal como institución forense para el ordenamiento penal boliviano”, puntualizó.