Primero fue la Fiscalía General del Estado, ahora, el Gobierno pone en entredicho el carácter vinculante del informe de auditoría integral de la Organización de Estados Americanos (OEA) a las elecciones del 20 de octubre de 2019, porque se entregó un documento preliminar el 10 de noviembre de ese año que no estaba previsto en el acuerdo.

El portavoz presidencial, Jorge Richter, consideró este sábado que la palabra vinculante se aplica de "acuerdo a sus necesidades" y que se aplica al informe final de auditoría que fue entregado el 4 de diciembre de 2019, cuando Evo Morales ya había salido del país. Además aseguró que la OEA no cumplió con los siete puntos establecidos en el acuerdo.

"Lo que quiero explicar es que la palabra vinculante se aplica de acuerdo a sus necesidades, el informe de la OEA que además no cumple los requisitos o los siete puntos en el acuerdo, porque se presenta un informe preliminar. Lo vinculante está en el informe que sale el 4 de diciembre y le quieren dar ese sentido al documento preliminar", afirmó la autoridad en contacto con Kawsachun Coca.

Horas antes, el secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, desconoció el carácter vinculante del informe de la OEA y aseguró que el acuerdo entre ambas partes fue en el marco político y no en el jurídico. A su criterio, para que ese informe tenga carácter vinculante debió ser elevado a rango de ley por la Asamblea Legislativa.

"En lo que no estoy de acuerdo es que se diga que el informe de la OEA tiene carácter vinculante. Sin embargo, hay que definir dos campos distintos: uno en el marco técnico y otro en lo político (...) Que en el campo político hayan acordado con propósitos eminentemente políticos, el objeto era pacificar el país, el efecto vinculante fue netamente político", justificó Quispe.

Sin embargo, cabe destacar que el punto siete del acuerdo firmado el 30 de octubre de 2019, establece que el resultado del informe de auditoría será vinculante para las dos partes, pero no señala sobre un documento en específico, tal como afirma la autoridad gubernamental.

Incumplimiento

A la vez, Richter desmenuzó los siete puntos del acuerdo entre ambas partes, pero puso énfasis en tres de ellos. El primero indica que los expertos verificarán las actas, aspectos estadísticos, verificación del proceso y cadena de custodia, y, según su opinión, esto no se cumplió porque sólo se tomó una muestra de las actas y no su totalidad.

"No se verificó las 35 mil actas que es un proceso que en 10 días se resuelve, no se llevó a cabo la verificación de su totalidad para dar con el resultado final. Se tomó una mínima muestra para hacer una inferencia a todo el proceso electoral", justificó.

El punto tres del acuerdo señala que la auditoría se concentrará en la jornada electoral del 20 de octubre del 2019 y fases posteriores. Sin embargo, esto fue cuestionado por el vocero porque el documento menciona las acciones previas al día de los comicios.

"Fíjate que también el informe habla que el proceso electoral fue desequilibrado, que estaba favoreciendo a un determinado partido político cuando esas consideraciones no estaban señaladas en el acuerdo", precisó.

El vocero puso énfasis en el punto cinco del documento, que determina que los expertos entregarán un informe como resultado de la auditoría electoral al Secretario General y que este lo enviará al Gobierno de Bolivia por los canales diplomáticos.

Al respecto, afirmó que el documento no siguió los pasos definidos en el acuerdo porque este debió ser entregado por el Secretario General al entonces presidente Evo Morales o al canciller Diego Pary. Además que no se estableció un informe preliminar, por tanto, según el criterio de Richter, la OEA no cumple con el convenio suscrito en aquél entonces.

"El sentido del informe preliminar fue azuzar todo el proceso de desestabilización y todo el proceso de convulsión social y política que existió en el país. Por tanto no se cumple ninguno de los puntos establecidos en el acuerdo entre ambas partes", precisó Richter.

El informe de auditoria integral de la OEA fue también apoyado por la Unión Europea, que mediante su misión de observación electoral presentó un informe sobre diversas "irregularidades" en el proceso electoral, en diciembre de 2019.