El cierre definitivo del caso “fraude” está en manos del fiscal departamental de La Paz, William Alave, quien fue el encargado de llevar adelante el proceso de contratación de profesionales para el peritaje de los resultados de las elecciones generales de 2019. Él debe resolver las impugnaciones que se presenten a la resolución de la comisión de fiscales que dictó el sobreseimiento de todos los imputados, exvocales electorales y funcionarios electorales.

El miércoles pasado, el Ministerio Público reveló su decisión de liberar de juicio penal a 12 personas, después de un año y ocho meses de tenerlos como imputados. Para esta determinación utilizó un informe pericial que estableció la inexistencia de una manipulación informática en los comicios de octubre de 2019; por lo tanto, no habría delito.

Procedimiento

En casos de sobreseimiento, a partir de que fueron notificadas con la resolución, las partes tienen cinco días para impugnar la decisión del Ministerio Público, según el procedimiento.

En este caso del presunto fraude, los denunciantes fueron la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Gobierno, el Tribunal Supremo Electoral, el Viceministerio de Transparencia y la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunica (Agetic), todos administrados por el gobierno de Jeanine Áñez. Ahora, estas instituciones están en manos del gobierno del Movimiento Al Socialismo, que rechazó la posibilidad de fraude electoral y, por el contrario, denunció un “golpe de Estado”.

A la fecha, ninguna de las instituciones denunciantes se pronunció en contra de la decisión del Ministerio Público. Sólo lo hicieron el Comité pro Santa Cruz y la agrupación política Creemos, que la impugnaron.

Arturo Yáñez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, observó que el Ministerio Público haya esperado más de un año después de la denuncia para encarar dicho proceso de peritaje. Ese tiempo coincide con la salida del poder de Áñez y sus respectivas autoridades.

Observó también que en el expediente del caso “fraude” no hubiera querellantes que podrían haber cuestionado la idoneidad de la empresa contratada.

Dentro de este proceso de investigación tampoco se apersonaron víctimas. Cualquier afectado por los resultados de las elecciones de 2019 puede impugnar el sobreseimiento de los imputados.

El papel de Alave

El viernes 9 de abril comenzó el proceso de contratación de la empresa que realizará la pericia. La nota de solicitud de contratación lleva la firma del fiscal de La Paz, William Alave, según reveló el programa “El Bunker Cabildo Digital”. Ahora, esa misma autoridad se encargará de cerrar este proceso tras el sobreseimiento dispuesto por la Fiscalía General.

Yáñez observó que Alave, siendo solicitante de la pericia, ahora termine resolviendo el caso, pese a no ser parte de la investigación porque, en su condición de autoridad departamental, revisa las resoluciones de los fiscales de materia.

“Si él pidió la pericia como investigador, tendría que excusarse de resolver este tema porque no puede revisar parte de sus actos; él va a terminar siendo juez y parte”, enfatizó.

A las impugnaciones presentadas por los cívicos de Santa Cruz y los políticos de Creemos, se sumará la de la senadora Silvia Salame, de Comunidad Ciudadana.