Comparaciones. Juan Manuel Corchado, responsable de la investigación con la que la que la Fiscalía desactivó las denuncias de fraude en las fallidas elecciones de 2019, afirmó que en ese proceso hubo “errores imperdonables” y luego estableció dos diferencias entre los resultados de su trabajo y el que presentó la Organización de Estados Americanos (OEA).

La primera, señalada por el experto, es la temporalidad. “El informe de la OEA es un poquito distinto al nuestro, que fue hecho a posteriori, años después del proceso, y centrado en el análisis de los datos que la Fiscalía General nos ha transmitido”, puntualizó.

La otra diferencia detectada por Corchado tiene que ver con el alcance que tuvo la consultoría que realizó que Bisite, el laboratorio informático asociado a la Fundación de la Universidad de Salamanca que él dirige y que se adjudicó el contrato con la Fiscalía para “una pericia de la integridad informática” de las fallidas elecciones nacionales de 2019. Evo Morales buscó ese año una cuarta elección presidencial consecutiva pese a limitaciones constitucionales y los resultados de un referéndum que le negó el permiso de volver a candidatear.

“El informe de la OEA va mucho más allá. Ellos hacen un informe de todo el proceso electoral. Nosotros ahí no nos hemos metido, porque, entre otras cosas, no tenemos datos. Ellos han analizado el TREP (el sistema de Transmisión Rápida de Resultados Electorales Preliminares) y el cómputo oficial. Dicen que estos están viciados. Ellos tendrán sus argumentos”, señaló el especialista de nacionalidad española durante una entrevista que concedió ayer al canal estatal Bolivia Tv.

El organismo interamericano envió ese año 30 expertos en momentos en los que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún estaba validando los votos y el país enfrentaba protestas por sospechas de fraude que estallaron tras la inexplicable paralización TREP.

Al respecto, el contratista asociado a la Universidad de Salamanca señaló que este suceso fue “realmente grave”, pero descartó que tras ello se haya producido una manipulación de los datos que ponga en duda la integridad informática del proceso electoral.

“Ese corte es uno de los hechos que nosotros hemos calificado como crítico. El hecho de introducir en el sistema electoral un servidor, el B01, que no estaba previsto es un error muy grave. Es un error imperdonable. Este tipo de situaciones, en un país como Bolivia y ni en ningún otro país se deben permitir”, declaró el experto, pero insistió en la conclusión que fue valorada por el Ministerio Público del país: “No hubo manipulación”.

Pero, en la página 137 de esa pericia se hace referencia al incidente FB-018 referido a la destrucción de las evidencias necesarias para determinar el comportamiento del servidor BO20, pues “supone una incidencia de riesgo alto ya que permite ocultar el comportamiento del servidor al equipo pericial y esconder así, posibles acciones malintencionadas”.

La interrupción se produjo por un lapso de 23 horas desde las 19:40 del 20 de octubre de 2019, el día en el que se desarrollaron los comicios nacionales que fueron anulados por Morales horas después que la OEA emitiera un informe preliminar que ya pedía a las autoridades nacionales investigar “una manipulación dolosa” de los datos electorales.

“El fraude, en unas elecciones, se puede cometer en muchos ámbitos, pero en lo que respecta a la parte que nosotros hemos analizado, puedo garantizar que es muy pequeña comparada con lo que habla el informe de la OEA. Ellos han identificado anomalías y han dado un juicio. Nosotros no damos juicios y hemos identificado anomalías, pero no hemos identificado adulteraciones”, sostuvo Corchado.

Eso sí, aseguró que el análisis informático que hizo el laboratorio Bisite “fue más profundo” que el que presentó el organismo interamericano. También reconoció que no llegó a realizar un análisis de las actas electorales, cuyas firmas se falsificaron. “Ellos hablan de que las actas no son confiables. Nosotros podemos decir que las actas son ilegibles, porque no se pueden ver las fotografías. No sabemos que fueran manipuladas o no y no hemos entrado en ese ámbito”, admitió el especialista.

Álvaro Andrade, de la empresa Ethical Hacking que auditó los resultados de las elecciones, dijo a EL DEBER que no fue contactado por los peritos españoles, a pesar que su empresa halló las anomalías que se detectaron en 2019. “¿Qué nos garantiza que la infraestructura informática y la data se han mantenido intactas desde 2019?”, declaró el ingeniero informático Edgar Villegas, respecto a este aspecto al que calificó de “extemporáneo”.

Entre las conclusiones del documento de la OEA se señala que es improbable Evo Morales hubiera ganado las elecciones con más del 10% de diferencia con relación a Carlos Mesa. Por lo tanto, recomendó una nueva elección con nuevos miembros del TSE. Morales destituyó a las autoridades electorales de 2019 y la Fiscalía inició una investigación.

Los peritos de la OEA pusieron en duda los resultados del último 5% del cómputo, equivalente a 290.402 actas. Mostraron un inusual ingreso masivo de actas provenientes de un servidor no autorizado por el TSE, un aspecto en el que coincide el reporte de consultores españoles.

También hallaron actas en las que las firmas del acta original no eran las mismas que en las copias y detectaron falsificación de rubricas de los jurados. El 10 de noviembre de 2019, cuando se produjo la renuncia de Morales, desde Sucre, la Fiscalía General del Estado anunció, a través de un comunicado, el inicio de las investigaciones “ante el conocimiento del informe emitido por la OEA que señala la presunta existencia de hechos irregulares vinculados con el computo de resultados oficiales” de la elección.

Ese día, Luis Arce, el actual presidente del Estado quien fue ministro de Economía cuando estalló la crisis a de 2019, afirmó que el Órgano Electoral hizo “un irresponsable trabajo” en la carta de renuncia que le remitió al entonces jefe de Estado, Evo Morales. “La actual coyuntura política, tras un irresponsable trabajo del Órgano Electoral Plurinacional, hace necesaria la pacificación del país, por lo que por la presente presento a usted mi renuncia irrevocable al cargo de Ministro de Estado”, escribió Arce.

El sábado, el secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe, en una entrevista con EL DEBER Radio, colocó en duda el carácter vinculante del informe presentado por la OEA que fue avalado por el gobierno de Morales por efecto de un acuerdo que estableció los parámetros de una auditoría que incluyó incluso el análisis grafológico de las actas electorales. “Que en el campo político hayan acordado eso, el efecto vinculante es estrictamente político”, afirmó el fiscal Quispe.

COMPARACIONES 

TIEMPOS

 La OEA hizo la auditoría durante el proceso electoral. Bisite lo hizo casi dos años después y con datos de la Fiscalía

INTEGRALIDAD 

El organismo interamericano evaluó todo el proceso electoral, incluidas las actas y la cadena de custodias. 

ACTAS 

Corchado no tuvo los datos para analizar las actas electorales. En el ámbito informático no detectó manipulación.