El informe de la Universidad de Salamanca sobre los resultados de las elecciones de 2019 consignó el que emitió entonces la OEA. Incluso encontró más anomalías, que, sin embargo, no tuvieron como consecuencia la manipulación de datos.

Dichas conclusiones fueron ratificadas vía Zoom a La Razón por el director del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España), Juan Manuel Corchado.

Doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad de Salamanca y doctor en Inteligencia Artificial por la University of the West of Scotland, Corchado explicó ayer los hallazgos de la pericia que la Fiscalía General de Bolivia encargó a dicho equipo.

“Nosotros nos hemos centrado solo y exclusivamente en ver qué pasó con los datos; se hicieron datos íntegros y consistentes. Te puedo garantizar que después del estudio que nos ha llevado muchísimo tiempo y un esfuerzo ingente de búsqueda del delito, hemos identificado muchas cosas que se hacían mal, pero en sí todos esos errores no podemos decir que hayan implicado una manipulación de datos”, insistió.

En los últimos días, el informe sobre los resultados electorales de 2019 encargado a la Universidad de Salamanca ha generado controversia política en el país y decisiones como el sobreseimiento de seis vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y otros seis funcionarios dispuesto por el Ministerio Público, que a su vez derivó en el cierre del caso Fraude electoral, sobre las presuntas irregularidades “dolosas” halladas por la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en las elecciones del 20 de octubre de 2019.

En esos comicios hubo “deficiencias e incidentes que no suponían riesgos para la integridad del proceso electoral, ni para los resultados del cómputo oficial y no se advierte manipulación de los votos”, concluyó el informe conocido el martes en el país.

Dichas pericias fueron apoyadas también por Manuel López Pérez y Pablo Plaza, analistas de ciberseguridad en el grupo BISITE e investigadores de la Universidad de Salamanca.

Corchado afirmó que el estudio consignó los informes de la OEA; de Neotec, la gestora del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), y de Ethical Hacking, la empresa auditora, provisto en un tera (archivo de 1.000 gigas).

“Cuando nos hicimos cargo de la pericia, lo primero que hicimos fue estudiar en detalle el informe, un informe muy amplio y extenso con el que compartimos muchos puntos. Nos sirvió para que desde un principio constatáramos, no solamente con el informe de la OEA sino de Ethical Hackhing, que había habido muchas irregularidades”, dijo Corchado.

Afirmó que, a diferencia de la OEA, su estudio no consideró las observaciones a las actas en seis departamentos ni a la cadena de custodia. “Hemos hecho un estudio exhaustivo de toda la información almacenada en los servidores”, aclaró Corchado.

Consultado sobre si pudo hacer un trabajo in situ, respondió: “No sé si lo de la OEA fue in situ;  lo que puedo decir es que el trabajo ha sido sobre los datos que nos proporcionó la Fiscalía, sobre los datos que quedaron después de todo el proceso electoral”.

El especialista reconoció que lo que estuvo claro en el estudio de la OEA es que en algunos ámbitos encontró que “hubo una imprudencia al permitir el uso, por ejemplo, de un servidor como el B01, que no estaba inicialmente identificado en la infraestructura (conexión)”. “Nosotros también decimos efectivamente —igual lo dice Ethical Hacking— que ese servidor no tiene que estar ahí”.

Dijo que el análisis de su equipo fue “más allá”. Y “hemos trabajado en las consecuencias de la introducción de ese servidor, y una vez analizada la respuesta que nos da Neotec, sobre por qué se paró el TREP y cómo se solucionó incorporando el B020 en los sistemas de cómputo oficial para solventar el trabajo del B01, nosotros vimos que no hubo manipulación de los datos”, señaló Corchado.

El analista contó que el estudio encontró especialmente problemas en el acceso a los datos del TREP, que es un sistema de conteo rápido de votos no definitivo ni oficial, y del cómputo oficial. “Hemos identificado hasta 14 incidentes, 11 de ellos calificados como graves”, precisó.

Corchado dijo que no se sabe quién accedió a los datos. “No sé sin han entrado en el sistema con el permiso de un superadministrador; éste puede borrar todo”.

“¿Qué hicimos? Hemos identificado que alguien ha entrado al sistema y no sabemos quién. Hemos visto qué ha pasado en ese momento en el sistema, y hemos visto que no ha pasado nada. Por eso decimos: alguien entró posiblemente por algún motivo relacionado con la gestión del sistema, pero, realmente, no hizo nada: no cambió actas, no borró actas, no transformó actas, no hizo copias indebidas, no eliminó partes de actas ni manipuló la base de datos”, contó.

La noche del domingo 20 de octubre de 2019, un parón del TREP, a las 19.40 y al 83,7%, generó susceptibilidades, alertado inicialmente por la misión de observadores de la OEA. El incidente desembocó luego en la denuncia del entonces candidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, que al día siguiente llamó a vigilias frente a los tribunales electorales.

El entonces presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, lideró protestas que luego coincidieron con un motín policial, la “sugerencia” de dimisión presidencial de las Fuerzas Armadas, la renuncia del presidente Evo Morales, el 10 de noviembre, y la proclamación de la senadora Jeanine Áñez, el 12.

El contrato fue firmado por el director de la fundación de la universidad

El investigador Juan Manuel Corchado develó en la entrevista con La Razón que el contrato para la pericia de los resultados de elecciones en Bolivia de 2019 fue firmado por la Fiscalía General del Estado y el mismo director de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, Óscar González Benito.

“La Fiscalía lanzó una licitación internacional. A nosotros nos llegan informes sobre licitaciones internacionales sobre posibles proyectos a los que nos podemos enfrentar a diario, de numerosas agencias, y cuando lo vi, me interesé por presentarnos”, dijo el especialista, que confirmó que la Fiscalía de Bolivia pagó por esos servicios Bs 216.193,05, unos 26.000 euros.

“Como soy funcionario de la Universidad de Salamanca, yo tengo siempre la obligación de gestionar contratos a través de la Universidad de Salamanca y, obviamente, éste tiene que aprobarlos”, comento Corchado.

En Bolivia, conocido el informe el martes, hubo repercusiones contrarias al documento e incluso a la seriedad de la institución que la propició. Corchado reivindicó la capacidad de su equipo y el resultado de sus pericias. “Habrá equipos igual de buenos, pero no equipos más solventes que dan la experiencia que se necesita para llevar a cabo una pericia de este tipo como el que ofrece la Universidad Salamanca, en este caso al servicio de la Fiscalía de Bolivia y el pueblo de Bolivia”, dijo.

Consultado sobre sus consideraciones respecto del informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que generó una crisis política y obligó la anulación de las elecciones generales de 2019 en Bolivia, respondió: “Sinceramente, no puedo mezclar en este proceso mis consideraciones y mis acciones; me tengo que limitar a hacer un trabajo técnico”.

Sin embargo, reivindicó el trabajo de su equipo. “Nuestro trabajo lo hemos hecho siempre desde la honestidad, la imparcialidad, la independencia, y pensando en las dificultades que está pasando Bolivia. Solo la verdad puede ayudar”, dijo.

Agradeció la oportunidad de informar la posición de su equipo y se disculpó de otro medio de información de Bolivia que lo contactó el martes. “Disculpas a la redactora del diario Urgente de Bolivia, ya que me llamó a altas hora de la noche”, justificó.