El diputado Erwin Bazán, jefe de bancada de Creemos, informó que esta agrupación política determinó asumir tres acciones legales, una que ya fue presentada y dos que serán planteadas en los próximos días, para impedir el cierre del denominado caso Fraude Electoral de 2019.

 “La primera acción ha sido presentada la mañana (del viernes) en la ciudad de La Paz, con la firma de gran parte de los parlamentarios de Creemos, y se trata de una acción de apersonamiento”, dijo.

Es decir, los parlamentarios de la alianza opositora Creemos se están apersonando al proceso penal, según el legislador, “exigiéndole a la Fiscalía que se les reconozca en calidad de víctimas”.

“Porque nosotros, como ciudadanos naturales, somos víctimas del fraude (de las elecciones generales anuladas de octubre) de 2019, pero además como parlamentarios representamos a los ciudadanos que también son víctimas”, justificó.

Paralelo a ello, según Bazán, el próximo lunes se presentará “un recurso de nulidad contra lo que el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, llama como prueba”, es decir, la pericia realizada por el Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España), que descartó una posible manipulación de datos de los resultados de las elecciones anuladas de 2019.

El diputado agregó que ese informe no puede ser tomado en cuenta como “prueba” porque, de acuerdo a su versión, solo fue elaborado “por un profesor y dos universitarios”; no es un documento institucional de Salamanca y, por tanto, es “sin relevancia ni reconocimiento legal forense para el ordenamiento penal boliviano”.

Sin embargo, para el diputado opositor, sí tiene que ser tomado en cuenta como “prueba” el cuestionado informe de la auditoría realizada por la Organización de Estados Americanos (OEA) al proceso electoral.  

Pues “ese informe de la auditoría de la OEA, que concluyó (que hubo) manipulación dolosa (en las elecciones de 2019), tiene carácter vinculante porque es fruto de un acuerdo firmado (a nombre) del Estado boliviano, a través del entonces canciller Diego Pary y en representación del ahora expresidente Evo Morales”, remarcó.

En consecuencia, Bazán considera que “el único informe vinculante y de cumplimiento obligatorio en el Estado boliviano” es el emitido por la OEA y cuyo resultado agravó la crisis política y social que se vivía en 2019 y derivó en la renuncia de Morales a la presidencia el 10 de noviembre de ese mismo año.

“Y el tercer recurso (que se presentará) será una impugnación al sobreseimiento que ha determinado el fiscal Lanchipa (en beneficio de los procesados por el ‘fraude’), vale decir, impugnación contra el cierre del caso porque él no puede cerrar un proceso judicial (…) con base a un informe que no está acreditado para ser tomado en cuenta dentro del procesamiento penal boliviano”, insistió.