El reciente anuncio del Gobierno de realizar el Censo de Población y Vivienda el 16 de noviembre de 2022, ha despertado mucha expectativa en la opinión pública y muy en particular en políticos, líderes cívicos y autoridades regionales por sus implicancias políticas y financieras. Varios alcaldes se frotan las manos, pues comienzan a hacer cálculos, con la esperanza de que la nueva reconfiguración poblacional les permita acceder a más ingresos que les ayude a sanear sus debilitadas cuentas fiscales. La Ley de Participación Popular establece que una fracción de los impuestos nacionales se distribuya a las regiones en función del número de sus habitantes, reconocidos como impuestos coparticipables.

Empero, el pleno ejercicio de las funciones autonómicas no debería quedar reducido conceptualmente ni financieramente a la mera transferencia de recursos desde el nivel central. A 11 años de la promulgación de la Ley de Autonomías y Descentralización de julio de 2010, la finalidad de la Ley que buscaba la distribución de las funciones políticoadministrativas del Estado de manera equilibrada y sostenible, se ha cumplido solo parcialmente.

Aún pesa sobre las entidades subnacionales la falta de experiencia técnico-administrativa para desempeñar completamente su mandato competencial, fortalecer sus capacidades institucionales y generar sus propios ingresos. Además, se advierte que existen fuertes asimetrías en la distribución del gasto no necesariamente asociado a reglas de priorización y sin una noción del costeo competencial, proceso que quedó inconcluso en la ley.

En Bolivia, los impuestos municipales apenas presentan el 1% del PIB, en un promedio de dos décadas. Los impuestos prediales solo recolectan una pequeña fracción de su potencial recaudatorio debido a que no se realizan actualizaciones catastrales ya sea por falta de capacidad técnica o por voluntad política de los burgomaestres. Como consecuencia, los ingresos propios de los municipios más grandes (con población mayor a 50.000 habitantes) solo representan 16% del gasto total que realizan. La situación es mucho peor en municipios pequeños (menores a 50.000 habitantes) los cuales recaudan entre 2% y 6% de sus gastos (cifras a 2019).

Para solventar el ejercicio de sus competencias, los municipios requieren de transferencias desde el nivel central. Por importante que fuera, la baja correspondencia fiscal entre los ingresos propios y los gastos totales no formó parte del debate del proceso autonómico.

Si bien los menores ingresos locales condicionan la acción autonómica, la solución no debería pasar por acentuar su dependencia de ingresos con el nivel central. La expectativa de algunas regiones de recibir más recursos de coparticipación tributaria solo reforzará su dependencia financiera con el gobierno central, no su autonomía, lo cual es un gran contrasentido a los fines reivindicativos de la demanda autonómica. A nivel agregado, la redistribución de los ingresos fiscales no resuelve las necesidades de recursos territoriales, porque lo que para algunos municipios significa una mejora de sus ingresos, para otros implicará una disminución. ¿Cómo encararán las funciones autonómicas las alcaldías que deban resignar recursos por su menor población?, ¿deberán exigir mayores recursos al Estado y así ampliar su dependencia? Claramente, el fortalecimiento de los ingresos subnacionales tampoco puede basarse a expensas de los ingresos del nivel central.

Los gobiernos autónomos deben realizar esfuerzos hacia adelante para fortalecer sus ingresos propios estables y reducir su dependencia fiscal a las transferencias centrales y a las rentas de ingresos extractivos.

Lo realmente primordial para las regiones con relación al nuevo empadronamiento es su importancia para identificar necesidades insatisfechas en el acceso a agua potable, alcantarillado, vivienda, salud, educación, entre otras que son tareas subnacionales. La información del censo debería ser el punto de partida para el rediseño de las políticas públicas regionales que mejoren la eficiencia asignativa y ayuden a dimensionar el costo competencial.

También, se requiere mayor claridad competencial entre niveles de gobierno para superar la falta de coordinación que, por ejemplo, se observó en la lucha contra la pandemia y resolver los conflictos de límites para que no se repitan hechos penosos como los sucedidos en Uyuni. El fortalecimiento institucional a nivel regional es crítico para lograr un proceso efectivo de descentralización.

Se debe abandonar el sentido político que se le ha dado al pacto fiscal, limitado a la simple repartición de recursos. El auténtico debate nacional debiera girar sobre cómo las entidades territoriales pueden reducir su dependencia fiscal a las transferencias centrales, para ganar una real autonomía financiera y cómo se puede aprovechar la nueva información del Censo 2022 para mejorar la gestión de políticas públicas territoriales.