La Ley de Organizaciones Políticas aprobada en 2018 establece, en su disposición transitoria tercera, el plazo del 31 diciembre de 2021 para que todas las organizaciones políticas adecúen sus estatutos a la nueva norma. De hecho, el Órgano Electoral hace poco emitió un instructivo urgente en el que plantea una larga lista de requisitos obligatorios para que las organizaciones políticas adecúen sus estatutos, en aspectos como: principios de la democracia intercultural y paritaria; régimen interno de despatriarcalización; una instancia que resuelva sus problemas internos; y, actualizar el registro de su militancia.

Este plazo, que parecía remoto, está a la vuelta de la esquina. Al respecto, algunas interrogantes que surgen son: ¿Será que las organizaciones políticas cumplan con la exigida institucionalización? ¿Será que esto pueda resultar imposible y algunos partidos y agrupaciones terminen siendo expulsados del sistema? ¿Recibirán sanciones? ¿Seguiremos insistiendo en una dinámica forzada que desde hace más de 20 años no ha favorecido a su renovación y reinvención?

Las preguntas formuladas nos vienen a la mente porque la evidencia muestra que, al menos hasta ahora, las organizaciones políticas han jugado un rol absolutamente reducido a la competencia electoral y, si son favorecidos con el voto, al ejercicio circunstancial de funciones públicas.

La reciente crisis política de 2019- 2020 ha puesto al descubierto una vez más las grandes debilidades del sistema de partidos boliviano, esta vez en dos dimensiones específicas: en el caso de los opositores al MAS, a través del cuestionamiento ciudadano a los partidos como interlocutorés válidos para la política, y la opción por la acción directa en las calles. En el caso del MAS, por la interpelación desde sus propias bases a la forma de conducción política de dicha organización. Por otra parte, con excepción del MAS, los resultados electorales de 2020 y 2021 también son una muestra de la volatilidad de las organizaciones políticas, que actúan sostenidas sobre acuerdos pragmáticos para acceder al poder y, al mismo tiempo, la respuesta electoral fue igualmente cambiante.

Creemos que la alternativa para recuperar la confianza e interés en estas entidades imprescindibles para el funcionamiento de la democracia, es adecuar este instrumento normativo a una realidad que exige otras formas de operar de la política. Para comenzar, en lugar de insistir en el sometimiento a preceptos normativos del “deber ser” de una organización, la ley tiene que convertirse en un instrumento útil, abierto a posibilidades organizativas flexibles y más representativas de la diversidad y heterogenidad social. En otras palabras, una ley acartonada que pretende homogenizar a las organizaciones políticas y subyugarlas mediante reglas y sanciones ejercidas por el OEP no parece resultar útil para repensar la política y darle nuevas oportunidades a la representación de cara a lo que se nos viene en 2025 y 2026 en nuestro calendario de procesos electorales.

El siglo XXI ha traído cambios en la sociabilidad e interacción ciudadana que se sobreponen a las históricas fracturas sociales estructurales no resueltas. Una realidad que ha precipitado la confrontación y la polarización requiere con urgencia ser representada en el ámbito dialogal de la política y acercar las instituciones a la sociedad. En la historia reciente se han incorporado varias reformas en ese sentido, por ejemplo, la creación de diputados uninominales, la ruptura del monopolio partidario, y la inclusión de un sistema representativo “demodiverso” en la nueva CPE, pensados como respuesta a las debilidades largamente experimentadas por los viejos partidos políticos. La nueva ley (LOP), más allá de algunas innovaciones y medidas que respondieron sobre todo a urgencias políticas, continúa atrapada en la misma lógica de la anterior, limitando el horizonte trazado en la CPE.

Quizá es más urgente, entonces, que desde el OEP se plantee de manera inmediata una agenda de Reforma de la Ley de Organizaciones Políticas como punto de partida para eliminar la excesiva regulación que se evidencia; y, como segundo paso, empezar a repensar los mecanismos de representación política estrictamente formales anidados en las distintas organizaciones políticas, para combinarlos con el multiverso de formas de representación informal basadas en el componente organizacional que tenemos los bolivianos, en el sentido amplio de la palabra.

Esta apertura de la agenda a reformas normativas abriría la posibilidad de trabajar en la recuperación de la confianza institucional en el Órgano Electoral Plurinacional, luego de su crítica actuación durante el proceso electoral de 2019; por esto mismo, está claro que las tareas cruciales deben llevarse adelante en tiempos en los que no hay procesos electorales cerca, por tanto, de inmediato. Por eso es preciso que el OEP asuma la iniciativa, que será beneficiosa para todos, de dejar a un lado el papel del estricto vigilante de la norma, y pase a ser la entidad que plantee mejorar la Ley de Organizaciones Políticas, que fue vista en su momento como un mecanismo funcional a determinados intereses, una suerte de cáculo político. Como ejemplo de aquello basta con recordar el extraño momento de elecciones primarias llevadas a cabo a inicios de 2019.

Lógicamente, la ruta de la eliminación de la excesiva regulación normativa sobre las organizaciones políticas debe tener sus mínimos; éstos pueden encontrarse con absoluta claridad en la Constitución Política del Estado y basta con partir de su cumplimiento; a partir de ahí no se trata de incrementar la cantidad de requisitos y complicar los procedimientos, sino de ir construyendo de a poco un edificio flexible que se adapte a la realidad democrática boliviana en los marcos de la institucionalidad, en el que los bolivianos sintamos que hay una ventana de oportunidad e incentivo para participar, militar y formar parte activa de cualquier organización política.