- EJU TV - TSE reporta inscripción de sólo 500 de los más de 30.000 candidatos para las elecciones subnacionales 2026
- EJU TV - Santa Cruz elegirá a 444 autoridades en las Subnacionales 2026
- EJU TV - Elecciones Subnacionales 2026: OEP habilitará 3.374 asientos y 5.808 recintos electorales
- EJU TV - OEA acompaña operativo de traslado de maletas electorales para las elecciones de este domingo
- EJU TV - Elecciones en Bolivia: La OEA destaca la participación, pero advierte fallas estructurales y riesgos institucionales
- Correo del Sur - Autoridades salientes deben permanecer seis meses en el país tras cese de sus funciones
- EJU TV - Yahuasi presenta amparo para insistir con la segunda vuelta en La Paz
- Sumando Voces - Grupos armados con dinamita y armas de fuego frustran un operativo de la AJAM que buscaba restituir un derecho minero en Sorata
- EJU TV - Elecciones subnacionales 2026: solo 31 mujeres fueron electas alcaldesas de 335 municipios
- Correo del Sur - Chuquisaca: Las excusas aceptadas no superan las 500 personas; hoy se conocerá la cifra exacta
- EJU TV - TSE prevé entregar los resultados preliminares del balotaje a las 20:00 del día de la votación
- ERBOL - Diputada Romero denuncia a su colega Sofía Rocha por acoso político ante la Comisión de Ética
- Correo del Sur - Capacitan en municipios para facilitar la transición
- El Deber - La vigilia de los seguidores de Yahuasi es reubicada en la plaza Abaroa
- La Patria - Nuevas autoridades en Oruro recibirán credenciales el 28 de abril
Medio: La Razón
Fecha de la publicación: domingo 01 de agosto de 2021
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
Dirección Web: Visitar Sitio Web
Lead
Contenido
En ese aciago noviembre de 2019, se produjeron dos
imágenes grotescas que ilustran la naturaleza del golpe de Estado perpetrado en
Bolivia. La primera es una foto de un oficial vestido en traje de combate
rodeado de todos los miembros del entonces Alto Mando militar que ese 10 de
noviembre leía una “recomendación” para que Evo Morales renunciara a la
presidencia. La otra imagen se produjo dos días después de la “recomendación”,
cuando el mismo oficial en el Palacio de Gobierno le investía con la banda
presidencial a Jeanine Áñez, que momentos previos esquivaba los procedimientos
constitucionales para autonombrarse mandataria.
Esas imágenes develan el “factor militar” como una
cuestión crucial para la ruptura constitucional. Además, el domingo de la
renuncia de Morales, en horas matinales, muchos militares desobedecieron
órdenes presidenciales presagiando el golpe de Estado. Así, el “factor militar”
entró en la escena rupturista instalando una variable explicativa para el
garrotazo golpista.
Últimamente, aparecieron opinadores negacionistas
del golpe de Estado que usando sus espacios periodísticos o sus redes sociales
buscan con lupa hallar algún argumento anacrónico de una dizque teorización
sobre el golpe de Estado en concordancia con sus deseos golpistas para
alivianar sus angustias —o su complicidad— con el quiebre democrático, aunque
esos conceptos van en contrarruta con las nociones convencionales.
Los principales teóricos sobre la democracia
coinciden que “un golpe de Estado es la toma del poder político de un modo
repentino por parte de un grupo de poder de forma ilegal, violenta o a la
fuerza, generalmente se realiza por militares o con apoyo de grupos armados”.
Si hay consenso con esta conceptualización, entonces, emerge una pregunta
insoslayable: ¿En noviembre de 2019 existió un golpe de Estado en Bolivia? La
respuesta es de Perogrullo.
Si al “factor militar” prosiguió el incumplimiento
de un procedimiento constitucional necesario para la sucesión constitucional,
entonces se perpetró un golpe de Estado. Los opinadores rupturistas afirman que
se cumplió con la normativa constitucional para la elección de Áñez como
presidenta constitucional, pero los hechos contradicen esas apreciaciones.
No se leyeron las cartas de dimisión de Morales y
sus sucesores constitucionales; no existió la mayoría en el hemiciclo
parlamentario en el momento de la posesión de la nueva mandataria y,
finalmente, según el reglamento del Senado, la presidencia debería corresponder
a la mayoría legislativa, pero Áñez era de la bancada minoritaria, por lo
tanto, usurpó un cargo que no le correspondía para nombrarse presidenta. O sea,
no se cumplieron los requisitos sine qua non para la sucesión
presidencial.
Al inicio, para entender al golpe de Estado en
Bolivia se usaron las nuevas categorías analíticas en boga: “neogolpismo”,
“golpe blando” o “lawfare”, que caracterizaron los nuevos cortes
constitucionales en América Latina del siglo XXI y que consistieron en un
“blindaje” constitucional jaqueando a las democracias donde las artimañas
legales operaron como mecanismo político para derribar a gobernantes
democráticamente elegidos, pero descartando la participación militar. Empero,
la variable castrense, elemento decisivo en el caso boliviano, supone inferir
que el último golpe de Estado en Bolivia, por sus rasgos constitutivos, fue una
imbricación entre el “factor militar” de antes y el “neogolpismo” de hoy.
Mientras tanto, el relato negacionista golpista, poco a poco, al igual que la
narrativa del fraude electoral descomunal, se hacen añicos.



