La novela corta escrita en 1886 por Robert Louis Stevenson, en la que relata la historia de un científico que crea una poción capaz de convertirlo en dos personas, una completamente contraria a la otra, bien podría aplicarse en estos días al Fiscal General por su actuación en el denominado caso “fraude electoral”, ya que fue él quien en 2019 abrió la investigación y ordenó las detenciones de los supuestos implicados y ahora la ha cerrado con argumentos frágiles, pero que muestran un fácil juego de cintura.

Después de desempeñarse como juez, Fausto Juan Lanchipa Ponce comenzó una prometedora carrera casi en paralelo a la llegada de Evo Morales al poder. Entre el 5 de diciembre de 2005 y el 30 de enero de 2010 fue vocal de la Corte Superior de Justicia de La Paz y 18 días después, el 18 de febrero de 2010, asumió como magistrado del Tribunal Constitucional por decreto supremo aprobado en el gobierno de Morales, organismo que llegó a dirigir.

Ocupó el cargo hasta el 15 de julio de 2010 y algo más de tres meses después, el 31 de octubre, fue elegido, nuevamente por Morales, como responsable de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), cargo que ocupó por exactamente dos años.

Lanchipa estaba claramente identificado con el gobierno del MAS y fue actor central en la elaboración de la fracasada demanda internacional contra Chile por la reivindicación marítima. Un comunicado de la Cancillería de esa época destaca que “El abogado Fausto Juan Lanchipa Ponce, como Director de Diremar, formó parte de la elaboración de la demanda a Chile ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya por una salida soberana al Pacífico”.

Luego de acabar su labor en esa dirección, el 3 de marzo de 2017 asumió la presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (TDJ) para la gestión 2017-2019, pero un año antes de concluir ese mandato, el 10 de octubre de 2018, la mayoría masista en el Legislativo decidió elegirlo como Fiscal General del Estado, con 116 de 152 votos. No había duda de que el doctor Lanchipa seguía siendo uno de los preferidos del MAS, o al menos de algunos “evistas” de ese partido.

Eso hasta que un año después Morales renunciara a la presidencia por presión social y por efecto de una auditoría electoral que detectó “manipulación dolosa” y “parcialidad de la autoridad electoral” en los comicios del 20 de octubre de 2019. 

Los masistas estallaron en críticas cuando el 10 de noviembre de ese año, sin que medie poción alguna, Lanchipa instruyó a la Fiscalía de La Paz “el inicio inmediato de todas las acciones legales correspondientes para el procesamiento y juzgamiento de los vocales miembros del Tribunal Supremo Electoral y demás autores y partícipes de estos presuntos hechos irregulares (en referencia al fraude)”. Incluso, mediante la Cancillería, puso en conocimiento de la Embajada de México la existencia de resoluciones y mandamientos de aprehensión en contra de políticos solicitantes de asilo a ese país.

Hubo molestia en sectores del MAS, que lo acusaron de haberse puesto al lado de un gobierno “ilegítimo” (el de Jeanine Añez) por preservar su cargo. Incluso hasta hace dos semanas la exdiputada de ese partido e impulsora del caso “golpe”, Lidia Patty, insistía con sus pedidos para que sea destituido.

Pero la semana que cierra Lanchipa mostró nuevamente otro rostro y anunció el cierre del caso que él mismo abrió hace aproximadamente un año y ocho meses, con base en una pericia que no tiene punto de comparación con la auditoría que originó la apertura del proceso. 

No se puede negar que el extraño caso del doctor Lanchipa parece haber sido sacado de una novela. Pero, al margen de la comparación, todo indica que el personaje volvió a ser quien quieren que sea, para tranquilidad del partido que lo eligió en el cargo, pero para preocupación de los procesados por el caso “golpe”, quienes, como seguramente todos los bolivianos, esperan enfrentar un proceso justo y sujeto sobre todo a la Constitución y las leyes, y no condicionado por las presiones políticas, ni por la aparente doble personalidad de quien mide las cosas según la conveniencia que dicta el contexto político.