El Comité pro Santa Cruz envió este jueves una carta al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitando que un representante de la entidad se pronuncie sobre el informe electoral presentado en noviembre de 2019. Los cívicos afirman que el Gobierno pretende "ocultar el monumental fraude de (Evo) Morales" e instan al organismo a recordar, de forma oficial, que su pericia es vinculante. 

"El Gobierno boliviano —a través de la Fiscalía que se encuentra sometida al Órgano Ejecutivo— pretende desestimar el trabajo realizado por la OEA y, por el contrario, tomar como prueba (ilegítima) la opinión de dos estudiantes y un docente de una unidad de la Universidad de Salamanca", consta en la carta, firmada por el presidente Rómulo Calvo, en referencia a la pericia realizada por un grupo de investigación de España. 

"Instamos a que su representante de la oficina que la OEA tiene en Bolivia se apersona a la Fiscalía para recordarles —de manera formal— la obligación que tiene el Estado de tomar en cuenta la auditoría electoral de la OEA puesto que ésta es de carácter vinculante", finaliza. 

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, presentó el martes las conclusiones de la “Pericia en el Área de Seguridad Informática y Administración de Redes”, realizado por el grupo de investigación Deep Tech Lab de Bisite, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca. 

El trabajo fue realizado con base en el análisis de “evidencias” proporcionadas por el Ministerio Público y entre sus conclusiones se encuentran que hubo "usuarios no identificados" que tuvieron acceso al sistema informático del conteo de votos —los cuales pudieron modificar datos y borrar evidencias— y que hubo "negligencia" por parte de la empresa encargada de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), pero que no hubo “manipulación de datos”, que pudiera haber alterado los resultados.

La auditoría de la OEA, por otra parte, se realizó in situ y contó con el trabajo de 36 especialistas y auditores de 18 nacionalidades. Ese análisis de integridad electoral se efectuó a “invitación” del entonces gobierno de Evo Morales, cuya administración acordó que sus resultados serían vinculantes.  

En una de las conclusiones de ese documento se lee: “El equipo auditor no puede validar los resultados de la presente elección, por lo que se recomienda otro proceso electoral. Cualquier futuro proceso deberá contar con nuevas autoridades electorales para poder llevar a cabo comicios confiables”. 

Las elecciones generales de 2019 fueron anuladas semanas después por las denuncias de fraude para beneficiar a Evo Morales, quien ante las protestas en todo el país renunció a su cargo.