Como ocurrió con la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) a los comicios del 20 de octubre de 2019, la pericia encargada por la Fiscalía  detectó el corte del TREP y los dos servidores no previstos en la arquitectura de ese sistema. Sin embargo, llegó a conclusiones diferentes.

En el MAS consideran  que ello obedece a que la auditoría de la OEA, supuestamente, apuntó a favorecer desde su origen a los oponentes del oficialismo.

Desde la acera opuesta, en cambio, observan que la pericia sólo se circunscribió al ámbito informático y no así a otros ámbitos  del proceso electoral.

El tema cobra vigencia debido a que esta semana el Ministerio Público  emitió un requerimiento conclusivo de sobreseimiento en el caso  fraude, luego de hacer  público el estudio pericial que encomendó al Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca. 

La auditoría de la OEA se realizó después de  11 días  de los comicios fallidos del 20 de octubre de 2019. El estudio pericial, en cambio, se hizo luego de 18 meses.  

El corte del TREP

En sus hallazgos, la auditoría de la OEA cataloga al corte del TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) entre una de las 12  “acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección”.

El informe de la auditoría señala que la paralización del TREP fue intencional, arbitraria y sin fundamentos técnicos y que, además, atentó contra la transparencia del proceso. 

“La manipulación de la información sobre resultados electorales, sean preliminares o definitivos, y no importa si es para ocultarlos, demorarlos o cambiarlos, es un hecho de extrema gravedad”, se lee en el informe. 

En el informe del estudio español se indica que el TREP “se detuvo” a las 20:00 del 20 de octubre de 2019, aproximadamente, “debido al descubrimiento de BO1” (servidor no previsto). 

El BO1 y el día 20 

El informe de la auditoría de la OEA indica que la infraestructura tecnológica utilizada el día de la elección, el 20 de octubre de 2019, “comprendió la integración de un servidor BO1 que no estaba previsto”, el cual no contaba con la seguridad requerida ni disponía del agente de monitoreo que permitiese su debido control. “La introducción de un servidor en un ambiente de producción sin controles de cambio o autorización vulneró la cadena de custodia de la información”, se lee en el reporte. 

En el informe del grupo de la Universidad de Salamanca se da cuenta del descubrimiento de ese servidor no previsto y se señala que “no estaba monitorizado adecuadamente por la empresa Ethical Hacking”, la firma auditora. Se agrega que Neotec, encargada del TREP, “confirmó que se trataba de un servidor no previsto sobre el cual cometió el error de no haber informado”. En el documento se señala que, según la interpretación de los peritos, “no supuso riesgo una vez comprobado el objeto”. 

El BO20 y el día 21 

El informe de la OEA da cuenta de que los auditores descubrieron el servidor BO20, el cual no estaba previsto y, además,  fue deliberadamente “oculto”.

En ese reporte se señala que después de la interrupción del TREP, el flujo de la información de transcripción fue redirigido nuevamente, pero esta vez “a un servidor denominado BO20 que tampoco pertenecía a los previstos para el TREP”, ni a los equipos de la Dirección Nacional de Tecnología y Comunicaciones (Dntic), y que no era controlado ni por la empresa auditora ni los funcionarios del Serecí ni los técnicos de la Dntic. 

“A través del redireccionamiento a este servidor pudo haber manipulación de datos, suplantación de actas o cualquier maniobra, facilitado por la volatilidad de la evidencia digital, en un entorno altamente manipulable”, dice el informe de la OEA.

El informe español también da cuenta del descubrimiento del servidor BO20 por parte de los auditores de la OEA y señala que “aproximadamente, a las 13:42 del día siguiente (el TREP) se reanudó utilizando como servidor perimetral el servidor BO20 que tampoco estaba previsto en un inicio”.

La pericia al respecto señala: “El servidor no estaba previsto y no contaba con las pertinentes medidas de seguridad y de monitorización, por lo que no se puede garantizar que su comportamiento era legítimo, es decir, si sólo actuó como servidor perimetral o si pudo efectuar tareas malintencionadas”. Ese informe dice que se trata de “un acto negligente del encargado de desplegar este servidor en el TSE que pudo comprometer la integridad de los datos y por ello se cataloga este incidente como de riesgo alto”. Sin embargo, a continuación, precisa que “no se ha detectado la manipulación de las bases de datos que contienen los resultados de las elecciones”.

Conclusiones

El informe pericial de Salamanca concluye: “A pesar de que el equipo pericial ha verificado la integridad del contenido de las bases de datos, hubo usuarios no identificados con capacidad de acceso al sistema informático del proceso electoral, como administrador, que tuvieron la capacidad de añadir, modificar y/o eliminar datos, así como de borrar los registros de las evidencias. Sin embargo, la manipulación de los resultados, imágenes de actas y registros de cada acción de manera coordinada sobre todos los sistemas se considera desde lo técnico como altamente improbable”. 

En cambio, en la auditoría de la OEA, entre otras conclusiones, se indica: “En términos simples, hubo gente que iba conociendo el procesamiento de los resultados antes de ser publicados y, debido a la existencia de servidores ocultos y graves fallas en la infraestructura informática, existió un escenario que permitía la manipulación de datos”.  El diputado del MAS Elías Choque sostuvo que la auditoría de la OEA arribó a conclusiones distintas a las de la pericia  porque, desde su punto de vista, ese organismo   buscó favorecer a los oponentes del MAS.  “La OEA siempre estuvo  a favor de los ricos, de los neoliberales, y en este caso ha realizado un favoritismo. En Bolivia han tenido 11 meses para poder investigar y no han podido demostrar nada”, afirmó.  

El exsenador Eduardo Maldonado  expresó  que el estudio pericial se circunscribió al ámbito informático y no abordó  aspectos como la verificación de actas o si hubo o no alteración o falsificación de firmas, entre otros.  Por ello calificó de “absurdo” que la Fiscalía “pretenda inducir a inferir que no hubo fraude”, porque para ello, el estudio debió abordar los mismos ámbitos que la auditoría de la OEA.

Puntos de vista

Pedro Francisco Coro, diputado del MAS 
“En el informe de la Fiscalía no se vio que hubo fraude, sino ha sido al revés”

Evidentemente ya salió ese informe en el que ahí,  de forma clara,  indica que no ha habido fraude electoral en  Bolivia en 2019. El señor Carlos Mesa indicaba que había un “fraude monumental”, pero realmente en el informe de la Fiscalía no se vio eso, sino ha sido al revés. 

Para nosotros, para el instrumento político, como autoridades elegidas, calificamos que lo que hubo en 2019 fue un golpe de Estado, y eso es un poco lo que vemos nosotros, y vemos también con buenos ojos que la Fiscalía haya encargado este informe.  
La OEA en su momento ha mentido al pueblo boliviano al hablar de un  fraude, pero hoy se está demostrado que no hubo tal. Entonces, por esa razón, nosotros decimos que sí ha sido una manipulación de los gobiernos neoliberales. Evidentemente, consideramos que la OEA trabajó maliciosamente para indicar que ha sido un fraude. 

Para nosotros, hoy por hoy, ya es muy claro que no hubo un fraude. Considero que con el informe de la Fiscalía y todo lo que se está conociendo  últimamente, el caso debe cerrarse, para no decir que hubo fraude, porque en sí lo que hubo fue un golpe de Estado que nos han hecho. Y los involucrados tienen nomás que enfrentar la justicia boliviana, y por esa razón vamos a continuar nosotros también haciendo seguimiento a la justicia. 

Como legisladores, nosotros estamos todavía viendo, estamos analizando,  pero desde mi punto de vista considero que vamos a impulsar que se tomen las acciones correspondientes en la justicia boliviana para que todos aquellos que han incitado el golpe de Estado en 2019 deban nomás asomarse a la justicia boliviana.

Realmente no podemos nosotros decir si vamos a reconciliar o no, pero nosotros dejamos todo en manos de la justicia. La justicia dirá qué es lo que se va a hacer con quienes han promovido el golpe de Estado.

Eduardo Maldonado, exsenador
 “Lo que sucedió en   2019 fue un  pisoteo de la voluntad ciudadana”

Debemos remitirnos a la aprobación de lo que fue el Código del Sistema Penal, al que se opusieron los médicos y distintos sectores sociales. En sus disposiciones transitorias finales tiene una serie de trampas que ya estaban haciendo anticipar lo que iba a ser un probable fraude electoral años después. Me estoy remitiendo al año 2017. 

Cuando uno revisa las disposiciones transitorias finales del Código del Sistema Penal, que al final tuvo que abrogar el gobierno por las movilizaciones, resulta que en esas disposiciones   se estaban abrogando, en algunos casos, y derogando, en otros, varios articulados de distintas leyes,  entre otras de la Ley del Régimen Electoral.  ¿Y cuál entre esas normas que se estaba derogando de esa  ley es la que llamaba la atención? Una que señala como tipo penal, como delito electoral, la manipulación informática de datos. ¿Quiénes podían hacer manipulación informática de datos? ¿Los particulares? No. Necesariamente tenían que ser los funcionarios del Órgano Electoral,  porque está en manos de ellos el manejo de esos datos y la responsabilidad sobre los mismos.

Entonces, en su momento ya advertimos que estaba en marcha una intencionalidad evidente de distorsionar la voluntad popular expresada en las urnas, años antes inclusive a que se diese esas fatídicas jornadas de octubre y noviembre.

Lo que sucedió en octubre de 2019 fue un flagrante hecho escandaloso de pisoteo de la voluntad ciudadana, y eso lo han confirmado informes de comisiones de veeduría electoral, tanto de la Unión Europea como la OEA. 

No podemos perder de vista, además, de que el gobierno de entonces, a la cabeza de Evo Morales, suscribió un convenio con la OEA, donde les encomendaba este trabajo de auditoría con fines vinculantes al Estado. ¿Qué significa esto? De obligatoriedad en su cumplimiento, de estricta observancia al resultado.  

Entonces que la Fiscalía ahora pretenda desconocer un documento que compromete al Estado frente al sistema interamericano, y lo pretenda sustituir por un estudio parcial, es un despropósito si uno lo mira desde la perspectiva institucional, política, de Estado.