Asambleístas del oficialismo califican de chicanería barata el recurso presentado por la defensa del expresidente y prófugo de la justicia boliviana Gonzalo Sánchez de Lozada para ser exonerado del caso Octubre Negro. Indican que lo único que pretende es evitar que se resarza económicamente a las víctimas de las masacres de 2003.

“No nos parece extraño que Gonzalo Sánchez de Lozada siga haciendo uso de las chicanerías jurídicas para tratar de no cumplir con un compromiso que en primera instancia las autoridades judiciales en Estados Unidos determinaron, y es el resarcimiento de los daños ocasionados a los familiares que perdieron la vida en los luctuosos hechos registrados en octubre de 2003”, aseguró el jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) de la Cámara de Senadores, Luis Adolfo Flores.

El recurso presentado surge después de que en abril de este año el  juez James Cohn, del estado de Florida, determinó denegar una moción presentada por Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín para que el proceso se deje sin efecto o se realice un nuevo juicio.

Flores manifestó que Bolivia espera que la justicia norteamericana obre correctamente y que este recurso sea revocado y por sobre todo cumpla el dictamen emitido en 2018, cuando un jurado determinó que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín paguen 10 millones de dólares a los demandantes.

El diputado por el mismo partido político Juan José Jáuregui recordó que en su momento tanto Carlos Sánchez Berzaín como Gonzalo Sánchez de Lozada fueron funcionales al imperio norteamericano, por lo que es poco probable que los deje a su suerte para que vengan a Bolivia a pagar sus culpas.

La senadora por Comunidad Ciudadana (CC) Cecilia Requena sostuvo que en este caso existe un tema de justicia pendiente que genera mucha polarización, división y sentido de impunidad y eso perjudica al país, toda vez que a más de casi dos décadas no se logró un procedimiento efectivo de extradición para que Gonzalo Sánchez de Lozada pueda rendir cuentas en la justicia boliviana.

BUSCAN REFUGIO EN EEUU

Para el analista Hugo Siles, la impunidad de este caso raya en la paciencia y esto confirma que lamentablemente los que cometen delitos de genocidio en Bolivia fácilmente encuentran refugio y protección en Estados Unidos.

“Ayer fue Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, hoy es Arturo Murillo, lo que nos demuestra que se sigue alimentando el manto de la impunidad sobre los hechos que tuvieron terribles consecuencias para familias que perdieron a sus seres queridos por la represión militar y policial de ese entonces”, puntualizó.

Siles sostuvo que si bien se buscó extraditar a Gonzalo Sánchez de Lozada a lo largo de estas casi dos décadas, las chicanerías jurídicas propias de la defensa del expresidente han logrado eludir a la justicia boliviana y al clamor de las víctimas de octubre. Estas maniobras pueden constituirse en una tramoya que puede alejar más la posibilidad de que Sánchez de Lozada se haga responsable de los luctuosos hechos de octubre de 2003.

ANTECEDENTES

En 2018, un jurado de los Estados Unidos determinó que Goni y Sánchez Berzaín eran culpables de las muertes extrajudiciales y otorgó 10 millones de dólares a los demandantes. Esa decisión se mantuvo en pie con el fallo de abril.

El abogado de las víctimas Tomás Becker, después del fallo explicó que el recurso de Goni es una apelación y que también fue presentada por Sánchez Berzaín.

Enfatizó en que el veredicto está ratificado, aunque la compensación económica está pendiente hasta dilucidar la apelación.

Becker indicaba que de manera muy probable la apelación de Goni no cambie nada. No obstante, señaló que el proceso ya lleva 15 años y estima que tardará uno o dos más.

OCTUBRE NEGRO 2003

La Masacre de Octubre Negro es el nombre que se le dio a la represión sangrienta en Bolivia en 2003, en el marco de las convulsiones sociales generadas luego del anuncio de una serie de medidas del gobierno del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.