La consejera de la Magistratura, Dolka Gómez, denunció acciones de acoso, amedrentamiento y violencia por parte del ministro de Justicia, Iván Lima, y del viceministro de esa cartera, César Siles. 

El Ministerio de Justicia, en un comunicado, rechazó estas aseveraciones.

“Denuncio acoso, amedrentamiento, persecución y violencia de género del ministro de Justicia, Iván Lima, y de su viceministro, César Siles”, señaló Gómez a Correo del Sur.

Dijo que fue presionada con el fin de que deje el cargo y que incluso le ofrecieron cargos para que renuncie a la Magistratura.

“Con su funcionario me han ofrecido un cargo en alguna embajada en el exterior y a cambio de eso, mi renuncia”, aseveró. 

Dijo que tiene las pruebas de sus aseveraciones.

Respuesta del Ministerio de Justicia

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional emitió este miércoles un comunicado que rechaza y condena las recientes declaraciones de dos exconsejeros de la Magistratura sobre denuncias en su contra por nepotismo, porque menciona que intentan ocultar actos reñidos con la ley y la ética.

"El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional rechaza y condena enfáticamente las declaraciones falaces y temerarias de dos exconsejeros de la Magistratura que intentan ocultar con improperios y mentiras sus graves actos reñidos con la ley y la ética", menciona el documento oficial.

De acuerdo con el texto, ni el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, ni el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Cesar Siles Bazán, tienen relación o responsabilidad con los hechos de corrupción y nepotismo que han empujado al Consejo de la Magistratura al centro de la crítica de la opinión pública nacional.

"Son los actos de los consejeros recientemente inhabilitados los que causaron el desprestigio de esta instancia que es parte del Órgano Judicial", añade el documento.

Asimismo, el comunicado menciona que la Acción de Cumplimiento promovida por la verificación de actos de nepotismo de los dos consejeros que incurrieron en una prohibición constitucional es vinculante y de cumplimiento obligatorio.