A fines de octubre de 2019, el entonces canciller Diego Pary y el secretario general de la OEA firmaron un informe vinculante, denominado Análisis de Integridad Electoral, el mismo que en su parte más relevante indica lo que sigue: ... “El equipo auditor ha detectado una manipulación dolosa de los comicios en dos planos. A nivel de las actas, a partir de la alteración de las mismas y la falsificación de las firmas de los jurados de mesas. A nivel del procesamiento de los resultados, a partir del redireccionamiento del flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por personal del TSE, haciendo posible la manipulación de datos y la suplantación de actas. A ello se suman irregularidades graves, tales como la falta de resguardo de las actas y la pérdida de material sensible.”

“Los hallazgos detallados revelan, asimismo, la parcialidad de la autoridad electoral. Los vocales del TSE, quienes debían velar por la legalidad e integridad del proceso, permitieron que se desviara el flujo de información hacia servidores externos, destruyendo toda confianza en el proceso electoral. Debe tenerse en cuenta que este ha sido un ejercicio de auditoría acotado, tanto en el tiempo del que se dispuso como en relación con los componentes del proceso que fueron analizados. Excede a este informe lo ocurrido en la etapa preelectoral y los hallazgos de la Misión de Observación de la OEA respecto a la inequidad de la contienda y el accionar del TSE en la fase anterior a los comicios.”

“No obstante, los hallazgos son contundentes. El equipo auditor no puede ignorar el conjunto de manipulaciones e irregularidades observadas a través del trabajo en terreno y del análisis de las más de 200 denuncias y comunicaciones con información que se recibieron. Hacerlo sería un acto de suma irresponsabilidad y supondría incumplir el mandato asumido al momento en que se aceptó realizar la auditoría.”

“El margen de victoria en primera vuelta es mínimo si se lo compara con el volumen de las manipulaciones y alteraciones detectadas. A continuación, se presenta la evidencia incontrastable de un proceso electoral minado de graves irregularidades, y del accionar de un tribunal que atentó contra la transparencia e integridad de los comicios. Es sobre la base de esta evidencia que se reitera la imposibilidad de validar los resultados de la elección de octubre…”. Extractado del Informe Final de la OEA en su capítulo Conclusiones.

Por lo anteriormente transcrito, es que asume contornos de escándalo mayúsculo que la Fiscalía General del Estado actúe de esta manera, concluyendo un caso que nos avergüenza y que deja llano el camino, nuevamente a la impunidad y a un proceso real de desinstitucionalización democrática, manipulando la justicia de manera ignominiosa, dejando libre de culpa y pena a esos vocales del Tribunal Supremo Electoral, que permitieron que se violen las leyes, se fabriquen actas, que voten los difuntos, que manipulen el sistema informático y en suma que permitan que la democracia sea dañada de muerte.

Hasta dónde serán los compromisos del abogado Juan Lanchipa, que ha preferido jugar a la simpatía política que al cumplimiento de la ley, que ha aceptado un informe “tirado de los pelos” de una organización de la Universidad de Salamanca conformada por informáticos, biólogos, farmacéuticos, físicos y economistas, quienes a diferencia del Análisis de Integridad Electoral, han indicado que existió ”negligencia pero no manipulación” en las elecciones de 2019.

Corresponde en todo caso, que Comunidad Ciudadana y todos los amantes de la democracia en nuestro país, enjuicien por prevaricato al fiscal General Juan Lanchipa para que se restablezca la seriedad y la moralidad, para que nunca más se vuelva a intentar el fraude electoral y tampoco se atente a nuestra débil democracia. Como en anteriores ocasiones, el Poder Judicial boliviano, tiene una deuda histórica con la población.