El cierre del caso fraude por parte de la Fiscalía genera diferentes reacciones. Por un lado, buscan su reapertura y para esto presentan una impugnación y alistan movilizaciones en Sucre. Por otro lado, los exvocales electorales se organizan para pedir resarcimiento de daños a tiempo de ratificar la transparencia de las elecciones generales de 2019 que fueron anuladas y derivaron en una crisis política y social tras la renuncia de Evo Morales.

Entre tanto, la Cámara de Representantes de EEUU decidió investigar el rol que desempeñó la Organización de Estados Americanos (OEA) en los comicios y una posible crisis de derechos humanos. 

El Comité pro Santa Cruz, anunció ayer que presentó una apelación al cierre del caso por considerarla una acción unilateral y con fallas de procedimiento que vulnera la libertad y la democracia aseguró su presidente Rómulo Calvo, según EFE.

El abogado del ente cívico, Martín Camacho, señaló que la pericia del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Fundación General de la Universidad de Salamanca de España, que determina que no hubo manipulación de datos, "ha sido indebidamente recolectada" por lo que también se presentó un incidente por "actividad procesal defectuosa".

Dijo también que este hecho es "jurídicamente nefasto" para Bolivia puesto que va en sentido contrario a la auditoría que efectuó en 2019 la Organización de Estados Americanos (OEA) mediante un acuerdo bilateral que establecía un resultado vinculante y detectó irregularidades "muy graves" como la manipulación en el sistema informático de trasmisión y cómputo de resultados, por lo que recomendó nuevas elecciones.

Desde las plataformas ciudadanas del 21F y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) anunciaron movilizaciones y el traslado a la ciudad de Sucre, sede de la Fiscalía General, para existir que se reabra el caso.

En otros pedidos, anunciaron que exigirán al Ministerio Público la inmediata libertad de todos los presos políticos por lo que consideran “mentira del golpe de Estado”. 

VÍCTIMAS

Los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de los tribunales departamentales electorales, que administraron los comicios de octubre de 2019, explicaron, según ABI, que todas las pruebas demuestran, “de manera contundente e inequívoca que se trabajó con transparencia y apegados a la Constitución y leyes electorales y en pleno respeto de la voluntad popular democrática expresado en las urnas”.

Mediante un comunicado, las exautoridades electorales denunciaron además la violación a los derechos humanos durante el gobierno de Jeanine Áñez tras el encarcelamiento de algunos de ellos.

El exvocal del TSE Idelfonso Mamani, a nombre de sus colegas, exigió que se les haga justicia “con la reparación integral de los daños causados en los procesos injustos, en el aspecto moral, material y el quebrantamiento del proyecto de vida, por el ilegal e indebido procesamiento judicial y persecución política de las cuales fuimos víctimas, violándose de esta manera nuestros derechos y garantías constitucionales”. Dijo que llegarán a instancias nacionales e internacionales.

INVESTIGACIÓN

La Cámara de Representantes de EEUU, según ERBOL, aprobó incorporar en su presupuesto del Año Fiscal 2022 para la investigación.

Según el sitio web de la congresista Jan Schakowsky, la iniciativa fue inscrita a iniciativa suya y de su colega Susan Wild en la Ley de Asignaciones Estatales, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Congreso estadounidense. Buscan respuestas sobre las declaraciones y acciones “altamente controvertidas” de la misión de observación de la OEA en Bolivia, que pese a repetidas cartas a los funcionarios del organismo no respondieron.