La Fiscalía General del Estado se tomó tres días para lanzar la convocatoria, evaluar y contratar a la fundación española que desarrolló la “pericia en el área de seguridad informática y administración de redes” correspondiente a las elecciones generales de octubre de 2019. Los Bs 216.193 que costó el trabajo, fueron depositados en la cuenta personal del director gerente de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, del que depende el grupo de investigación que ejecutó el trabajo.

El martes 27 de julio la Fiscalía presentó la resolución de sobreseimiento 06/2021 sustentado en el informe del “Deep Tech Lab de BISITE de la Universidad de Salamanca”, que no encontró delito en los 12 acusados del caso fraude electoral, a pesar de que detectó que los equipos informáticos eran vulnerables y manipulables.

En la cláusula primera del contrato firmado el 22 de abril de este año y al que tuvo acceso la periodista María Silvia Trigo, se señala que la Fiscalía General del Estado se respaldó en el Decreto Supremo 26688 de 5 de julio de 2002 que aprueba las normas para contrataciones de bienes y servicios especializados en el extranjero; también en el reglamento específico para el Ministerio Público y el Documento Base de Contratación de Servicios especializados en el Extranjero (DBCE), para desarrollar la “Pericia en el área de seguridad informática y administración de redes” por comparación de ofertas. Por ello, la Fiscalía convocó el 12 de abril de 2021 a personas naturales y jurídicas legalmente constituidas con capacidad de contratar con el Estado, a presentar propuestas en el proceso de contratar con el Estado, a presentar propuestas en el proceso, de acuerdo a lo solicitado en el DBCE.

Concluido el proceso de evaluación de las propuestas, señala el documento que está en el Sicoes, en base al informe de evaluación y recomendación de adjudicación 002/2021, de 15 de abril, emitido por la Comisión de Calificación resolvió adjudicar el proceso “al doctor Juan Manuel Corchado, director del Grupo de Investigación Deep Tech, Lab de BISITE, en representación de la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España), al cumplir su propuesta con todos los requisitos solicitados por la entidad en el DBCE”.

Corchado admitió que no fue un contrato institucional, sino privado: “A mí me ha contratado de manera privada la Fiscalía boliviana y no puedo hablar del caso. Te agradezco la llamada, pero no puedo decir nada”, dijo al portal Urgente.bo

El proveedor se comprometió a desarrollar sus actividades “de forma satisfactoria, en un plazo de ejecución máximo de 50 días calendario, a partir de la notificación con el requerimiento fiscal emitido por el o los fiscales de materia asignados al caso en estricto acuerdo con el alcance del servicio, la propuesta adjudicada y los Términos de Referencia contenidos en el DBCE.

El monto total para la ejecución del servicio es de Bs 216.193, que será cancelado mediante transferencia a la cuenta del proveedor.

El contrato se celebró con Juan Manuel Corchado, de nacionalidad española, director del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE, que figura en el contrato en calidad de responsable técnico del proyecto. Pero, en representación de la Fundación general de la Universidad de Salamanca, se incluyó a Oscar González Benito, director gerente, quien fue inscrito como “proveedor”. El contrato señala que el pago se transferiría a su cuenta.

Como forma de pago, se acordó 30% a la suscripción del contrato y el 70% a la presentación del informe final y con la aprobación del servicio de pericia por la contraparte técnica y el informe final de conformidad, según lo establecido en el contrato y en el DBCE.

Una publicación que circula por las redes sociales señala que el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivera Ortega, manifestó que no se realizaron investigaciones a nombre de su institución sobre el caso de “fraude” en Bolivia.

Pero, la casa de estudios superiores española respondió a Bolivia Verifica que el grupo de investigación en Bioinformática, Sistemas Informáticos Inteligentes y Tecnología Educativa (Bisite) es parte de esa universidad.

Sin embargo, la pericia encargada por la Fiscalía General aún es investigada. María José Salazar, diputada cruceña de Comunidad Ciudadana, informó que en su condición de parlamentaria, envío una carta al rector Ricardo Rivera Ortega, solicitándole toda la información del estudio requerido por la Fiscalía General de Bolivia que realizó el grupo Deep Tech Lab de BISITE sobre el caso fraude electoral 2019.

William Herrera, abogado constitucionalista, señaló que duda de que sea de la Universidad de Salamanca, “una institución seria, con mucho prestigio e historia, no creo que se preste para algo así. Se repiten las conclusiones del informe de OEA. Reconocen la manipulación y al final termina diciendo lo que le pidió su contratante. Lo hace un docente sin perfil conocido, nadie lo conoce, al menos los otros dos son estudiantes. Este documento no puede echar por la borda el informe multidisciplinario de la OEA”.

Complementó que “de pronto pagaron a estos jóvenes y no a la universidad. Se arrogan representación de la institución y eso es inadmisible”.

Reacciones

El Comité Cívico pro Santa Cruz se convirtió en la primera institución en presentar una impugnación en contra de la resolución de sobreseimiento que presentó la Fiscalía de La Paz respecto del caso fraude electoral; además se presentará un incidente de actividad procesal defectuosa ante el juez cautelar que está a cargo del caso.

El abogado Jorge Valda, que es asesor de esta institución, también informó que los argumentos jurídicos que utilizaron demuestran claramente que el supuesto informe de un experto informático de una consultora española no es otra cosa que una opinión y no un estudio, como el que hicieron en el país los expertos de la OEA y de la Unión Europea (UE).

El directorio ampliado del comité cívico llamó a una asamblea de la cruceñidad para abordar las acciones de la Fiscalía y la defensa de la tierra. Será el 2 de agosto-

Las críticas de distintos especialistas, y políticos en contra del informe apuntan esencialmente a su poca rigurosidad técnica.

William Herrera, abogado constitucionalista, señaló que es un trabajo por encargo, la Fiscalía de Bolivia le ha mandado las pruebas o evidencias sobre los que ellos trabajaron”.

Reclamó que los expertos no han hecho un trabajo de campo, “no sé si conocen Bolivia. El equipo de la OEA sí estuvo en el lugar de los hechos. Recibieron toda la información de primera mano, estuvieron en el TSE. Por eso hay una diferencia cualitativa”.

Cuando hay dos versiones sobre un mismo hecho, lo recomendable, según el constitucionalista, es que se haga un “careo”.

El abogado y exministro Jerjes Justiniano señaló que “no existe en este informe validez legal ni formal. El Ministerio Público, mínimamente, debió convocar a los 28 expertos que vinieron para hacer el informe de la OEA, pero simplemente pidieron la opinión de tres personas y con eso proceden a pedir el sobreseimiento”.

Además, criticó que los autores del reporte no hicieron una verificación en el campo, ni los servidores, ni el sistema informático. Solamente valoraron lo que les mandó la Fiscalía. Es una prueba ilegal y el caso debe continuar”.

Mientras el MAS defiende este informe. El exministro Hugo Siles aseveró que “la falsa narrativa del fraude electoral se cierra con esta pericia internacional, porque confirma que no existió alteración de los resultados electorales y la contabilización de actas”. Pero, sobre si es vinculante, dijo que “es una pericia, es una prueba, pero eso depende del fiscal general”, manifestó la exautoridad.