El problema de territorio que estalló con la quema de algunos domos de emprendimiento privado en el Salar de Uyuni, entre potosinos y orureños, coarta las miras turísticas. El caso denuncia una vez más la desorganización del Estado, incapaz de tomar resoluciones sobre distintos diferendos interdepartamentales como este de tipo limítrofe, en el que se disputa una porción del gigante salitrero.
La presente controversia Potosí versus Oruro, ni con mucho es la única en el resto de los nueve departamentos del país, al extremo que ninguno conoce a ciencia cierta sus confines. Solo citamos parecidos problemas entre La Paz y Oruro, Cochabamba y Beni, Chuquisaca y Santa Cruz por el posible campo hidrocarburífero de Incahuasi. El gobierno de entonces decidió a favor de Santa Cruz, pero la disputa territorial continúa.
La administración de Luis Arce opta por el silencio en este entuerto, como en muchos otros, sustrayendo la intervención de su Gobierno pese a corresponderle, sin vuelta de hoja, tanto más si el Salar de Uyuni está declarado como reserva fiscal. El actual gobierno sigue la tradición cómoda del MAS de no enemistarse con una de las partes, dejando latentes las controversias, mayor motivo para este partido si se trata de dos comunidades indígenas enfrentadas. Prefiere achacar a la República todos los males habidos y por haber, pero se le cierra el escape ante sus catorce y ahora casi tres lustros de administración, en los cuales debía haber resuelto muchas cosas pendientes. Tiempo no le faltó.
La agravante es que arrebató el postulado autonómico que encabezaban algunos departamentos como Santa Cruz. Introdujo en la Constitución la autonomía y creó un viceministerio para la misma, ente que se dedicó a tiempo completo a postergar el Pacto Fiscal, como también lo hará seguramente en lo sucesivo. El deber principal de la autonomía debe ser, precisamente, definir los problemas limítrofes departamentales, el ámbito de territorio y población de cada uno.
La reacción de los incendiarios no sólo es criminal contra los inversionistas —muy raros en el país— sino contra toda la actividad turística. Este hecho se produce 24 horas después de que la revista internacional Times calificó al Salar como uno de los principales parajes que merece ser conocido. El atentado nos muestra como país violento, sin justicia ni legalidad, y tampoco hay probabilidad de identificación de los responsables del atentado, tanto más si los sospechosos son comunarios, por lo general impunes. ¿Cuándo haremos de Bolivia un país de armonía y paz constructiva y reconstructiva?