El Ministerio Público pagó Bs 216.193 por el peritaje a las elecciones de octubre de 2019, informó este miércoles el secretario de la Fiscalía General, Edwin Quispe. La pericia fue realizada por Juan Manuel Conchado Rodríguez (docente) y Pablo Plaza Martínez y Manuel López Pérez (estudiantes), los tres miembros de la Universidad de Salamanca (España).

Quispe explicó que de acuerdo al informe de la Dirección Administrativa Financiera de la Fiscalía General del Estado, la pericia científica desarrollada cumplió el procedimiento de contratación internacional, vigente en el país, dentro de los proponentes calificó al equipo de investigadores dependiente de la Fundación General de la Universidad de Salamanca con sede en España.

“El pago se realizó a través del Banco Central de Bolivia (BCB) y el precio cancelado fue de 216.000 Bs. aproximadamente 30 mil dólares, precio menor con relación a la envergadura que involucra su resultado”, refiere un boletín de prensa.

Respecto a aseveraciones de que el estudio fue realizado por gente no calificada, Quispe aclaró que se trata de doctores reconocidos y de prestigio internacional que son parte del “Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite” de la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España), a la cabeza del ingeniero Juan Manuel Corchado PH.D, doctor en informática y doctor en inteligencia artificial, director del Parque Científico y Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca y su equipo de alto nivel.

El representante del Ministerio Público no dio detalles del currículum de los estudiantes que firman el informe, y tampoco manifestó si tienen experiencia en elecciones.

Respecto a las aseveraciones de algunos políticos que señalaron que el informe de la pericia es extemporáneo, el Secretario del Ministerio Público, aseguró que no existe la extemporaneidad porque cualquier tipo de investigación tiene sus plazos correspondientes y se trata de un caso complejo.

“Vemos que el tiempo fue razonable y son emergentes de dos perjuicios como el tema de la pandemia que paralizó plazos y la poca voluntad de las exautoridades de cooperar con el desarrollo de la investigación prestando la información”.