Comenzando por el MAS hace más de dos décadas, pasando por toda esa complejidad de organizaciones que hay en el medio y terminando en las dos alianzas que al día de hoy también conforman la representación dentro del Congreso, existen características comunes que nos señalan que estamos al frente de organizaciones políticas que están afrontado las complejidades de un fenómeno que parece ser, en el siglo XXI, más una normalidad que una excepción: la crisis de representación política. Y que ha originado que las opciones políticas que, en la actualidad, logran obtener votación están implícitamente obligadas a forjarse de manera conjunta con actores políticos del complejo entramado de corporatividades que, desde hace mucho, son parte de las definiciones del horizonte político del país. Corporatividades gremiales, sindicales, de clase, de origen, de profesión u oficio, etcétera. Esto se ha ido materializando a partir de alianzas estratégicas y programáticas, en el mejor escenario; o de prebendas y clientelismo, en el peor.

Son pocos los partidos que han logrado, en los últimos años en los que esta práctica solo se ha hecho más evidente, comprometer formalmente a sus bases sumando a sus militancias a personas que componen los grupos corporativos con los que se comparten agendas políticas, sean de corto, mediano o largo plazo. Y esto no siempre de forma voluntaria, sino incluso coaccionada respecto a la manutención de determinados cargos públicos. En otros casos, debido a las urgencias en las que se puso el sistema político y de gobierno en la más reciente crisis de noviembre de 2019, algunas alianzas han sido aupadas con base en adherencias de grupos de personas sin que se logre “formalizar” la instancia de la militancia como tal en estos aliados coyunturales. Pues la crisis de representación política —entre otros síntomas— genera una desvalorización y rechazo de la militancia partidaria como opción para el ejercicio político.

Además de todo lo anterior también es preciso recordar que, de manera general, dentro de las organizaciones políticas las relaciones entre líderes y bases, salvo situaciones muy excepcionales, se producen y reproducen en torno a un poder político de tipo patriarcal, elitista y caudillista. A pesar de los matices —que los hay— todo intento de modificación de las relaciones de poder dentro de estas organizaciones están sujetas a desafíos estructurales de carácter histórico y cultural.

Se ha venido estableciendo en el diálogo público, el mandato que tienen las organizaciones políticas de todo el país —la decena de nivel nacional y la más de una centena en los niveles locales— de adecuar su ordenamiento normativo interno de acuerdo a los lineamientos que establece la Ley de Organizaciones Políticas (mecanismos de democratización interna, régimen de despatriarcalización, adecuación de documentos con base en principios de la democracia intercultural y paritaria, entre los más desafiantes).

Si acaso este mandato llega a cumplirse en plazo, faltando cinco meses ya para éste, deberá llevarse a cabo necesariamente con la participación activa, deliberativa y comprometida de estas militancias, pues de ninguna manera será posible la actualización de las bases políticas sobre las que están asentados actualmente los partidos si es que este primer paso no se da de manera honesta, amplia y democrática internamente. ¿Será realmente posible?