El abogado constitucionalista y exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)  Marco Baldiviezo  señaló que la separación de los consejeros de la Magistratura, Dolka Gómez y Gonzalo Alcón, a través de la decisión de un tribunal de garantías, “sentaría un mal precedente” para otras autoridades elegidas por el voto popular.

Recientemente, Gómez y Alcón fueron cesados de sus funciones basado en una decisión de la Sala Constitucional Segunda de La Paz, que responde a una acción de cumplimiento demandado por el Ministerio de Justicia por un caso de nepotismo.

“Me extraña muchísimo esa decisión, no puede un tribunal de garantías suspender a los consejeros, no estoy diciendo que sean inocentes o blancas palomitas, no lo son, pero indudablemente la norma, la Constitución, señala la forma de separarles de su mandato”, manifestó el abogado a Página Siete.

Explicó que las causales para separar a autoridades jerárquicas electas, sea del Órgano Judicial o del TCP, son: por muerte, renuncia o por una sentencia ejecutoriada, la misma tendría que tramitarse a través de un juicio de responsabilidades. 

Las autoridades electas tienen un mandato designado por el voto popular, por tanto, existen procedimientos legales para separarlos del cargo y es a través de un juicio de privilegio, la misma debe ser aprobado por los dos tercios de la Asamblea Legislativa, acotó.

Los artículos 159 y 160 de la Constitución marcan las atribuciones de las cámaras de Diputados y Senadores para iniciar una acusación a autoridades del Órgano Judicial denunciados por algún caso.