El conflicto por la tierra en el Departamento de Santa Cruz es provocado por una estrategia política que busca cambiar las mayorías poblacionales en las áreas rurales para asegurarse el control de las provincias y municipios de la principal región opositora al actual gobierno nacional. Con esta politización del problema perdemos todos, los pueblos indígenas, que ven avasallados su territorio, los campesinos que son utilizados y después abandonados, los productores que no encuentran la seguridad para continuar invirtiendo y el país en su conjunto, que inviabiliza a sectores como el agropecuario y el forestal, con un inmenso potencial de desarrollo sostenible.

 La narrativa detrás del conflicto está llena de mitos que vienen siendo difundidos por quienes no creen en un modelo productivo basado en la propiedad y la iniciativa privada, el cual permitiría un crecimiento aún mayor de un departamento que tienen la fortaleza de basarse en la producción sostenible orientada a la exportación y no en la extracción de los recursos naturales, como lamentablemente, es la constante en nuestra historia nacional.

Entre los mitos está la lucha contra la pobreza. Sin embargo, generalmente las familias que son trasladadas son ubicadas sin mayores recursos ni conocimientos en parcelas localizadas en zonas no aptas para la agricultura, por lo que después de desmontar algunas parcelas, se arruinan y terminan trasladándose a otras poblaciones para dedicarse al comercio. En Santa Cruz, la agricultura y la ganadería para ser viables requieren, en su mayor parte, de grandes extensiones e inversiones, por lo que este tipo de asentamientos no brindaran bienestar ni prosperidad a quienes se establecen en los mismos.

Los casos más exitosos de familias migrantes en el sector agropecuario, especialmente en el norte cruceño, corresponden a quienes fueron comprando por su cuenta parcelas de propiedad individual que fueron consolidando en superficies mayores y no corresponden a una iniciativa estatal. El sujetar a una familia a una parcela de propiedad comunitaria, en un asentamiento forzado y sometida a la dictadura del sindicato agrario, equivale a condenarla a la pobreza perpetua.

Otro mito es el de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, que por el contrario, terminan viendo invadidos su territorio, destruido su hábitat e inviabilizados en las actividades para las cuales tanto sus tierras como su cultura tienen vocación, como la actividad forestal y el aprovechamiento de la biodiversidad, la cual bien explotada, podría ser una de las grandes fuentes de recursos, tanto para superar la pobreza de los pueblos verdaderamente originarios de estas tierras como para generar una nueva economía sostenible que beneficiaría a todo el país.

En este cometido, la verdadera forma de preservar el medio ambiente es respetar la vocación de uso mayor de la tierra, lo cual debe llevarnos al equilibrio entre la producción agrícola, ganadera, forestal, e incluso la promoción del turismo en las reservas y parques, además del ya señalado aprovechamiento de la biodiversidad.

No hay incompatibilidad entre el desarrollo productivo agropecuario y forestal con la preservación del medio ambiente, entretanto se respete el uso del suelo, pues ambos se complementan y se necesitan para garantizar la sostenibilidad de la producción. Lo que atenta contra el medio ambiente es el asentamiento de comunidades con fines políticos, las cuales fracasan prontamente, profundizando el círculo vicioso de la pobreza o buscando en el cultivo de la hoja de coca la fuente de su subsistencia, con lo cual se ingresa a otro círculo vicioso, el de la coca/cocaína.

En realidad, si se quisiera luchar de verdad contra la pobreza, se debiera dejar que las actividades agro-productivas se desarrollen sosteniblemente y alrededor de las mismas surgirán miles de oportunidades de empleo y emprendimiento, tanto en el comercio como en la prestación de servicios, como ya viene sucediendo sin la intervención del Estado, camino por el cual cientos de miles de personas han salido de la pobreza y hoy son propietarias de sus propios negocios.