El Órgano Electoral Plurinacional está bajo el asedio del gobierno de Luis Arce y del Movimiento Al Socialismo (MAS) que, al parecer, quiere volver a controlar esa institución, como lo hizo antes de la renuncia de Evo Morales, ocurrida en noviembre de 2019.

Este medio contabilizó al menos cinco arremetidas de parte del oficialismo en contra del Órgano Electoral en las últimas semanas, pero dos son las más graves: la destitución de los vocales electorales departamentales que fueron nombrados por Jeanine Añez y la suspensión de los vocales electorales de Beni que fueron elegidos por la Cámara de Diputados, de mayoría masista, durante la gestión de Añez.

El 29 de junio, el presidente Luis Arce, mediante decreto, nombró a seis vocales departamentales, en reemplazo de los que fueron designados por Añez, pese a que la ley establece que estas autoridades no pueden ser removidas de sus cargos. Entre los nombrados están tres integrantes de los tribunales electorales que, con base en la auditoría de la OEA, fueron acusados de cometer fraude electoral en 2019.

Y la semana pasada, un auto constitucional del Tribunal Constitucional dispuso que la justicia beniana admita un amparo en contra de la designación de vocales departamentales en la gestión 2019, lo que derivó en la suspensión de los vocales elegidos por la Cámara de Diputados en la gestión del masista Sergio Choque, pese a que su designación fue producto de un consenso nacional.

Tal es así que el Tribunal Electoral de Beni se quedó sólo con un vocal, el que fue nombrado por Luis Arce. Por tanto, el Tribunal Supremo Electoral tomó la administración de la regional beniana.

La situación es alarmante y así lo entendieron personalidades del ámbito internacional, como el relator especial de la ONU para la independencia de magistrados y abogados, Diego García Sayán, quien dijo que “son preocupantes los actos que vienen afectando la integridad de los tribunales electorales en Bolivia. Esto es grave para el Estado de Derecho”.

Antes de él ya se había pronunciado el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien dijo que le preocupa “la remoción por decreto de vocales electorales departamentales”.

Y en Bolivia, también se pronunciaron 13 instituciones de la sociedad civil que calificaron las destituciones como “un ataque a la independencia y autonomía del Órgano Electoral”. Pero, al margen de ese comunicado en el país no hubo mayor remezón, pese a que se está poniendo en juego la transparencia de futuros procesos electorales. Tal vez la lejanía de nuevas elecciones nacionales sea motivo de tranquilidad de los actores políticos, pero el desmontaje ya está en marcha para llegar a futuros comicios con tribunales electorales azules. Y, por otro lado, conociendo el ritmo de la política boliviana, nada raro que antes del 2025 el país concurra a votar por uno y otro motivo.

También hubo otras arremetidas y fueron directamente al Tribunal Supremo Electoral. 

El 28 de abril, el diputado del MAS Ramiro Venegas interpuso una denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en contra de Salvador Romero, entonces presidente de esa institución, por la presunta comisión de faltas muy graves. Sin embargo, esa misma jornada, Romero dimitió del organismo electoral alegando motivos personales. 

El mismo diputado Venegas, el 25 de junio interpuso otra denuncia en contra del actual presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, y de la vicepresidenta de esa institución, Nancy Gutiérrez, por   -dijo- supuestamente “dilatar” el trámite de la denuncia que realizó contra Romero.  Sin embargo, la sala plena del TSE rechazó la denuncia.

Si bien hasta ahora el MAS no pudo descabezar al TSE,  como al parecer era la intención de Venegas, no hay duda de que la estrategia continuará su curso hasta lograr su objetivo.

No sería de extrañar que algunos vocales nacionales que fueron destituidos bajo la acusación de fraude electoral, sean restituidos en sus cargos, ahora que la Fiscalía cerró el caso y dispuso su sobreseimiento.

El MAS parece no haber entendido que la legitimidad de un proceso electoral radica en un Órgano Electoral transparente y creíble. O basta mirar en qué terminaron las elecciones de 2019.