El 12 de noviembre de 2019, bajo la ficción del fraude se perpetró el primer golpe de Estado del siglo XXI en Bolivia; pasaron un año y ocho meses para que el país reciba un informe más entre los siete que señalan que nunca hubo fraude en las elecciones del 20 de octubre de 2019.

Si bien la oposición se aferra al discurso del fraude bajo el informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA), ya nada puede hacer frente a siete investigaciones procedentes de entidades como el New York Times, The Washington Post y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, de la Universidad de Salamanca, el Centro Estratégico Latinoamericano Geopolítico (Celag), Centro de Investigaciones Económicas y Políticas (CEPR), y la Fundación Carolina de España, que son instituciones reconocidas y tienen su prestigio a nivel mundial.

Todo 2020 y estos primeros ocho meses de 2021 sirvieron para que poco a poco se desmorone el argumento del fraude, que la derecha quiso imponer para que el país cambie la línea de gobierno, pues la administración de Evo Morales durante 14 años implementó la industrialización de nuestros recursos y la estabilidad económica que nos permitió vislumbrar un mejor futuro.

El último informe presentado por la Universidad de Salamanca, a pedido de la Fiscalía General de Bolivia, le puso el punto final al cuento del fraude, pero al mismo tiempo sirve para confirmar que en Bolivia hubo un golpe de Estado cívico, policial, militar, apoyado en un reporte apresurado de la OEA bajo el mando de Luis Almagro, su secretario general, que no tuvo empacho de gritar fraude, pese a que ese informe preliminar nunca utilizó la palabra «fraude» para referirse a las supuestas fallas que habría encontrado.

Con el entierro del cuento del fraude, Bolivia da un paso pero no cierra la cortina de los hechos que sucedieron después de la usurpación del poder el 12 de noviembre de 2019, cuando Jeanine Añez se autoproclamó como presidenta, por lo que el pueblo espera la reconciliación entre hermanos, pero con justicia por las masacres de Sacaba y Senkata, además del resarcimiento social y moral a cada uno de los miembros del Tribunal Supremo Electoral y de los nueve tribunales departamentales, a los cuales el gobierno de facto los persiguió y encarceló bajo el discurso acusador y falso de ser fraudulentos.

Los creadores de la idea de fraude deberán rendir cuentas al país, pero más que todo al pueblo boliviano, pues éste sufrió una recesión económica. El golpe significó un retroceso en la eliminación de la pobreza, la cual se ahondó durante el año de gobierno de facto.

Bolivia en los últimos ocho meses volvió de a poco por la senda de la recuperación económica, social, además de la lucha planificada contra la pandemia con la llegada de insumos, pruebas antígeno nasal, que en el anterior régimen no se encontraban o estaban con precios fuera del alcance del pueblo, a eso debemos sumar la cantidad de vacunas que llegan al país, lo que permite que más de cuatro millones accedan a la inoculación.

Llegó el momento de enterrar el fraude y reconciliar al país con justicia para todas las víctimas del golpe de Estado de 2019.