Se limitó a leer las conclusiones y no respondió preguntas. El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, pasó de abrir el caso fraude electoral a cerrarlo. Su apuesta siempre fue la pericia internacional, que ayer arrojó sus resultados.

“Se ha instruido a la Fiscalía Departamental de La Paz, a primeras horas de la mañana, el inicio inmediato de todas las acciones legales correspondientes para el procesamiento y juzgamiento de los vocales miembros del Tribunal Supremo Electoral y demás autores y partícipes de estos presuntos hechos irregulares”, comunicaba el Ministerio Público el 10 de noviembre de 2019 sobre la fallida celebración de las elecciones generales de ese año.

Un año y ocho meses después, la misma Fiscalía “emitió el requerimiento conclusivo de sobreseimiento del caso fraude, al determinar que el hecho investigado no constituye delito”, al conocerse los resultados del estudio que la misma instancia encargó a la Universidad de Salamanca, España.

Lanchipa siempre se mostró escéptico ante los resultados de la auditoría de la Organización de Estados Americanos sobre el proceso electoral. “Tenemos como base un informe de la OEA en el que se establecen indicios de una alteración informática, debemos tener como Ministerio Público una posición técnica para contrastar si es evidente lo que manifiesta ese informe, y tenemos la posición de varios expertos nacionales e internacionales que son de manera contrapuesta”, decía el cuestionado fiscal en octubre de 2020.

Por esas mismas fechas, la Policía boliviana presentaba los resultados de una investigación, en la que se estableció que una estructura compuesta por personal de los ministerios de la Presidencia, de Justicia y la Asamblea Legislativa, vinculada al MAS, junto con un equipo de expertos mexicanos y funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE) operaron el fraude electoral del 20 de octubre de 2019, a través de la adulteración de las actas electorales, ruptura de la cadena de custodia, intervención informática e intromisión del Ejecutivo en decisiones de otro órgano de poder.

Sin embargo, nuevamente Lanchipa puso en duda esos criterios y ratificaba la necesidad de un estudio internacional sobre los hechos. “El Ministerio Público por cuenta propia ha logrado tomar contacto con una empresa y, con los pocos recursos que tenemos, vamos a lograr cubrir los gastos que demande la pericia informática internacional”, anunció.

En marzo de esta gestión, la Fiscalía General comunicaba que las autoridades electorales de los nueve departamentos quedaban libres de culpa y volvía a señalar que la vigencia del caso dependía del peritaje internacional.

“Se han dictado resoluciones de sobreseimiento en los casos abiertos en los nueve tribunales departamentales electorales. En el proceso de investigación (de las irregularidades en el acto electoral)  está pendiente una pericia informática para cerrarlo”, señalaba Lanchipa en ese entonces.

Ahora, en medio de duros cuestionamientos, el Fiscal instruyó el cierre de la causa, alegando que se evidenciaron deficiencias e incidencias, pero no alteraciones que puedan implicar ilícitos.

El informe en el que sustenta su decisión fue realizado por el ‘Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE’ de la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España), en base a información proporcionada por la Fiscalía, mientras que la auditoría de la OEA fue hecha por 36 especialistas y auditores de 18 nacionalidades, entre abogados electorales, estadísticos, peritos informáticos, especialistas en documentos, en caligrafía, en cadena de custodia y organización electoral.