Los exvocales María Eugenia Choque Quispe, Antonio José Iván Costas Sitic, Lucy Cruz Villca, Lidia Iriarte Torrez, Ideolfonso Mamani Romero y Edgar Gonzales López; además de los exfuncionarios, Osvaldo Ramiro Aspi Mamani, Windsor Joaquín Saire Quipildor, José Antonio Pardo Álvarez, Wilson Rodríguez Vinaya, Abimael Jhonatan Machicao Jiménez y Sergio Daniel Martínez Beltrán son los 12 acusados de una decena de delitos que fueron sobreseídos por una resolución de la Fiscalía que investiga el caso “fraude electoral”.

“Por todo lo expuesto, los suscritos representantes del Ministerio Público en comisión de la Fiscalía especializada anticorrupción, legitimación de ganancias ilícitas, delitos aduaneros y tributarios de la ciudad de la paz, (…) tomando en cuenta los plazos procesales, en aplicación del principio de ‘objetividad’ reconocido por el Art. 72 del Código de Procedimiento Penal, concordante con el Art. 5 núm. 3) y 40 núm. 11 de la Ley de Orgánica del Ministerio Público y el numeral 3 del artículo 323 del Código de Procedimiento Penal, decreta: el sobreseimiento”, señala la parte conclusiva del documento al que accedió EL DEBER y describe a todos los acusados del caso.

En noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales la Fiscalía General del Estado anunció el inicio de una investigación por presunto fraude electoral en contra de todos los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Los fiscales identificaron una serie de delitos de los exvocales y también de funcionarios que fueron aprehendidos en ese entonces.

Resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes, falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, falsificación de documentos o uso de documento falsificado, manipulación informática, alteración y ocultación de resultados, beneficios en función del cargo, eran los 10 delitos por los que fueron imputados los exvocales.

Mientras que los exfuncionarios fueron acusados de cuatro delitos: alteración y ocultación de resultados, beneficios en función del cargo, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes.

Las decisiones

En su documento final, la Fiscalía afirma que los vocales no pudieron cometer los delitos por los que se los acusaba, no se tiene evidencia que los mismos hubieran participado en el conteo de los votos emitidos en las elecciones generales en cuanto a su jurisdicción y competencia, más aun, los jurados y notarios electorales son los que al final reportaban al Tribunal Departamental y este a su vez al Tribunal Supremo Electoral. En ese sentido se puede establecer que los mismos no han omitido, rehusado a retardado algún acto propio de sus funciones, señala la parte conclusiva respecto de los seis vocales acusados.

José Antonio Pardo Álvarez fue director nacional del SERECI, la Fiscalía afirma que no se cuenta con algún elemento que demuestre su culpabilidad o que no hubiera logrado coordinar acciones de funcionamiento del sistema TREP.

Osvaldo Ramiro Aspi Mamani, era Profesional III de soporte técnico e infraestructura y los fiscales afirman que no se cuenta con pruebas que demuestren que el acusado hubiera conocido alguno de los actos o que hubiera manipulado los resultados.

Windsor Joaquín Saire Quipildor, fue director de la DNTIC del TSE, tampoco se pudo probar que hubiera omitido, rehusado o retardado algún acto propio sus funciones, menos que hubiere llegado a interferir en el proceso de funcionamiento del TREP, señala la conclusión.

Wilson Rodríguez Vinaya, fue jefe de sección de infraestructura y comunicaciones de la DNTIC del TSE y no probaron que hubiera dado instrucciones para que el sistema TREP sea aislado, para que no genere mayor información en relación a los resultados.

Abimael Jhonatan Machicao Jiménez, como profesional II de seguridad informática en comunicaciones fue acusado de aislar el TREP, la Fiscalía concluyó que no tiene pruebas.

Finalmente, sobre Sergio Daniel Martínez Beltrán, quien fuera asesor de los vocales del TSE estaba acusado de haber participado de todos los actos sobre el presunto fraude electoral y los fiscales concluyeron que no hay las pruebas suficientes.