Militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) prometen no “serruchar” del cargo al presidente Luis Arce, tras conocer el informe que encargó la Fiscalía a una consultora dependiente de una universidad española y que fue el argumento para solicitar el sobreseimiento a los acusados por el fraude denunciado por la OEA en las elecciones generales de octubre de 2019, para favorecer al entonces presidente y candidato a la reelección, Evo Morales.

Los oficialistas y sus sectores afines levantaron la voz y exigen juicios contra Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari por haber impulsado la dimisión de Morales, a lo que califican como un “golpe de Estado”. En la oposición buscan cohesión para unir el reclamo contra el estudio que pagó el Ministerio Público.

El senador Leonardo Loza es muy cercano a Morales. Es dirigente cocalero de Chapare y prometió que en el MAS no van a “serruchar” la gestión de Luis Arce, como sugirió este martes el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade). Sobre la posible vuelta de Evo en 2025 todavía no hay nada oficial, dijo.

“El presidente Arce sabe que es presidente constitucional con el voto del pueblo boliviano y nadie del instrumento político o de los movimientos sociales, nadie va a serrucharlo. Al contrario, vamos cuidarlo, protegerlo, a garantizar que Lucho y David cumplan su gestión constitucional”, dijo Loza.

En el mismo tono, el presidente de Diputados, Freddy Mamani, afirmó que Arce llegó a la Presidencia por el voto popular y aseguró que no se buscará su salida. El legislador anunció que se evaluará un proceso contra el secretario general de la OEA, Luis Almagro, por la auditoría a las elecciones de 2019.

“Con relación a la posición que tomó la OEA en su momento, hemos indicado que este organismo internacional era parte del golpe de Estado y ahora (el informe presentado por la Fiscalía) nos da la razón”, remarcó Mamani.

Mientras, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, consideró que la gestión de Arce debe seguir “a pesar” de que se conoce que Evo Morales “ganó en 2019”. Desde el Legislativo, dijo, no se estudia ningún mecanismo para volver a colocar a Evo en el poder.

Esa percepción no es la misma que tiene la oposición y grupos civiles que se manifestaron en 2019 contra el supuesto fraude electoral. El Conade consideró que existe la posibilidad de un “golpe de Estado” de parte de Morales contra su correligionario, Luis Arce.

“Se condena las acciones del fiscal (Juan) Lanchipa, debiendo destacarse sus contradicciones y los efectos jurídicos que se estarían generando con su accionar. Estar alertas, ya que se abre las puertas de un golpe de Estado a favor de Evo Morales”, es una de las conclusiones del Conade tras una asamblea extraordinaria.

El Comité pro Santa Cruz cuestionó la labor del fiscal general, a quien vinculan con el MAS. “Este es un acto más delincuencial al que Lanchipa nos tiene acostumbrados. Está jugando con los bolivianos y está siendo servil al Gobierno”, afirmó el vicepresidente cívico, Fernando Larach.

No se cerró el caso

Ayer, el secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, afirmó que el caso fraude no está cerrado y que el estudio que se presentó es un paso más dentro de la investigación.

“No es que se ha cerrado, capaz hay una mala lectura del anuncio realizado por el fiscal general. Primero, se informa de que la comisión de fiscales, que conoce el caso a partir de los elementos colectados, emite un requerimiento conclusivo de sobreseimiento”, afirmó Quispe en una entrevista con el portal Asuntos Centrales.

En el aparato político, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, las dos agrupaciones opositoras en el Legislativo, unen fuerzas para reclamar la decisión de la Fiscalía de tomar más en cuenta una consultoría que un informe de un organismo internacional.

La jefa de bancada de CC en el Senado, Andrea Barrientos, afirmó que el informe fue realizado a “medida” de la Fiscalía, a la que vinculó con el partido de Gobierno. Mientras que el diputado Erwin Bazán, de Creemos, anunció acciones legales contra el accionar del Ministerio Público.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, anunció que apelará a todas las vías legales posibles para evitar el cierre definitivo del caso fraude electoral.