Medio: Los Tiempos
Fecha de la publicación: miércoles 27 de junio de 2018
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
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Es evidente que el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) utiliza al aparato de administración de justicia para eliminar a sus adversarios políticos. Una prueba de ello es la cantidad de procesos iniciados a líderes políticos, potenciales candidatos a cargos públicos.
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Las cifras que resultan del estudio de algunos medios de comunicación muestran que desde 2008 –es decir, dos años después de que el MAS asumiera el poder– se han iniciado más de 150 demandas penales contra diferentes líderes de oposición. Entre los denunciados están Leopoldo Fernández, Jorge Quiroga, Rubén Costas, Juan del Granado, Ernesto Suárez, Manfred Reyes Villa, Samuel Doria... La lista se alarga con líderes regionales como Luis Revilla, que aspira a convertirse en uno nacional, José María Leyes, con detención domiciliaria por el caso de las mochilas chinas, y la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, a quien se acusa por un caso ocurrido en 1991 y para la que el Gobierno ya ha pedido detención preventiva.
El MAS ya ha batido todos los récords de juicios contra adversarios políticos. Entre los más perjudicados está Leopoldo Fernández quien estuvo preso durante nueve años, de 2008 a 2017, sin tener sentencia ejecutoriada en su contra. Lo sentenciaron recién en marzo del año pasado, pero su caso está en fase de apelación.
La gran excusa para las denuncias es la lucha contra la corrupción y ahí saltan las contradicciones: la justicia ha demostrado demasiada celeridad con opositores como el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, pero ni siquiera ha iniciado acciones contra su predecesor Edwin Castellanos –del MAS, claro– por el derrumbe de un puente a meses de su inauguración.
Resalta, además, que la justicia sólo aguijonea cuando la razón es política: a Juan del Granado se lo acusó luego de su ruptura de alianza con el MAS y lo dejaron en paz apenas se retiró de la política.
En otros casos, los juicios fueron usados para doblegar y finalmente cooptar al acusado.
El objetivo es claro: anular al adversario. Si una acusación judicial no consigue encarcelar al enemigo, por lo menos lo inhabilitará para aspirar a un cargo público porque su proceso pendiente aparecerá en el Registro Judicial de Antecedentes Penales.
Por eso, no es de extrañar que ahora el Gobierno dirija su artillería contra Carlos Mesa. El expresidente aparece segundo en las encuestas, detrás de Evo Morales, y eso lo convierte en su principal adversario.
